Las empresas y la recaudación

La amplia batería de propuestas que la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE elabora para elevar al Gobierno entrante es un ambicioso plan con un objetivo plausible: reanimar la inversión en infraestructuras. Esto significaría recuperar la actividad del sector y, por tanto, el empleo, primera necesidad de la economía y propósito número uno entre los anunciados por el virtual presidente del nuevo Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Las fórmulas de colaboración público-privada que, una vez más, propugnan potenciar las empresas para las inversiones son adecuadas en cualquier momento, pero mucho más en el actual contexto de crisis. La condición es que se destinen a inversiones verdaderamente productivas. Otros aspectos que se propondrán incluyen acertados métodos para que las Administraciones se responsabilicen de sus elevadas cotas de morosidad con las empresas de servicios urbanos y constructoras, que llegarían hasta la "responsabilidad personal" de quienes deben cumplir las normas presupuestarias, así como otras medidas para evitar el secuestro a que muchas empresas están sometidas cuando trabajan para el sector público. El plan -que también pide recorte de impuestos a las empresas- incluye, sin embargo, una serie de medidas recaudatorias con impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos cuyo acierto es más discutible.