Juristas cuestionan la eficacia de la reforma concursal
La Ley Concursal y las dos reformas que se han hecho, en 2009 y la reciente del 22 de septiembre pasado, han apostado por dar prioridad a la viabialidad de la empresa concursada, pero los datos siguen mostrando que el 98% de las sociedades que llegan a esta situación terminan en liquidación. Así se puso ayer de manifiesto en las jornadas de la Abogacía General del Estado La legislación concursal: respuestas jurídicas para una crisis, que concluyen hoy.
Los asistentes trasladaron al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, si "no será que las empresas llegan demasiado tarde a los institutos preconcursales". Campa defendió que en los ocho años que lleva en funcionamiento la ley se haya apostado por dar continuidad a la empresa, abaratar los procesos concursales y simplificarlos. La última reforma trata de facilitar la refinanciación de la deuda de la empresa concursada.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó que la justicia debe erigirse en "aliado fundamental para la consolidación de las medidas de política económica", y puso como ejemplo la aprobación de la nueva Ley Concursal. Campo defendió que "la respuesta jurídica está orientada a dar seguridad, previsibilidad, estabilidad y, en definitiva, a asentar las nuevas bases de un modelo económico más ético, buscando equilibrios estables que respeten la pluralidad de intereses".
Así, explicó que la reforma concursal ha buscado el doble objetivo de ofrecer una salida a la situación de insolvencia del deudor y conseguir la descongestión de los juzgados de lo mercantil, necesaria para posibilitar la rápida reactivación de la actividad económica. En ese sentido, defendió la nueva normativa como "un punto de encuentro" para las empresas que se enfrentan a dificultades transitorias, en muchas ocasiones agravadas por falta de crédito; para los trabajadores de las mismas y también para los acreedores.
"En definitiva, solo un sistema en el que puedan participar todos y defender sus legítimos intereses es capaz de conseguir un equilibrio que sea estable", afirmó. Campo destacó que el nuevo escenario de crisis económica ha puesto de manifiesto una mayor exigencia e implicación del legislador, por lo que es el momento de apostar por una alianza estratégica entre el ámbito de la política económica y el ámbito del Derecho que busque la excelencia y la eficiencia a través de la regulación, pero de la "mejor regulación".
En la inauguración de las jornadas intervinieron, además del secretario de Estado de Justicia, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, y el presidente del consejo de redacción de Thomson Reuters, Javier Moscoso del Prado.
Frente a la regulación española, el derecho francés acaba de poner en primer lugar la satisfacción de los acreedores en la legislación concursal, según se puso ayer de manifiesto.