Estabilización y reforma, las tareas del Gobierno
Finalizaron ya las elecciones. Y ha llegado el momento de la toma de decisiones. En este ámbito, el Gobierno recién elegido afronta una doble tarea, de ajuste inmediato y reformas (tanto en la sostenibilidad de las finanzas públicas como en el fomento del crecimiento), con exigencias temporales algo distintas, aunque el tiempo es escaso.
Comenzando por la estabilización, el margen de maniobra es nulo, como se ha visto con la caída de Silvio Berlusconi y Yorgos Papandreu. Por tanto, reducción de gasto y aumento de impuestos. La dureza de este proceso dependerá del déficit público alcanzado en 2011. Si se sitúa más cerca del 7% del PIB que del 6,1% acordado con la UE, la reversión al 4,4% para 2012 exigirá esfuerzos severos. Y, dado que se espera un anémico crecimiento para 2012, el grueso del trabajo recaerá sobre el gasto.
Para 2013 y más allá, el camino está trazado ya, aunque de cumplirse estas previsiones para 2012, podría ser algo más suave. Así, la magnitud del ajuste no es el problema. El problema del Gobierno es acertar en la distribución de sus costes. Y ahí debería ir con tiento. Como la experiencia griega ha mostrado, si no se entiende el porqué de las medidas y, en especial, no se percibe que sus costes se distribuyan equitativamente, la oposición no dejará de crecer. Por ello, la correcta adecuación de los recortes de gasto (entre aquellos con mayor y menor impacto sobre la población) y una justa ponderación de los aumentos de ingreso (con mayores cargas relativas para los que más tienen) son objetivos deseables tanto en el ámbito económico como en el del consenso social imprescindible. Y no se argumente que modificar la tributación de las rentas más altas tiene escasos efectos recaudatorios. De lo que se trata es de visualizar una justa, por ecuánime, distribución de los costes a afrontar.
En el ámbito de las reformas que afectan el Estado del bienestar en el medio y largo plazo, solo hay que mencionar el bajo nivel de imposición del país, y el elevado fraude fiscal, para darse cuenta que queda mucho camino por recorrer. Hacia mayor carga fiscal, por descontado. Otra cosa es la sostenibilidad de pensiones que, dadas las perspectivas demográficas, solo podrán garantizarse en línea con lo ya aprobado.
Finalmente, y en relación al crecimiento, la lista de mejoras es amplia. Y, por ello, me centraré en las que más tienen que ver con algunos de los problemas básicos del país: productividad, precios y balanza exterior. El primero, el bajo aumento de la productividad. La vinculación de crecimiento de salarios a productividad parece del todo necesaria. Aunque, de avanzarse en esta línea, debería profundizarse en la política fiscal que grava los beneficios distribuidos, y en la participación sindical en las decisiones estratégicas de las grandes empresas. Un gran acuerdo social para articular este quid pro quo es también del todo necesario.
En este mismo orden de ideas, además, hay otras reformas, sin coste económico, que redundarían en una mejora de la productividad. Por ejemplo, la gobernanza de las universidades, hoy gestionadas por los equilibrios de poder de los diferentes lobbies de cada universidad. El segundo, el excesivo crecimiento de nuestros precios. Ahí, junto a la necesaria moderación laboral, hay que desatascar mercados donde la competencia es más que discutible. Para muestra, el botón de los derivados del petróleo. ¿Cómo puede ser que el gasoil se sitúe hoy por encima de los máximos históricos de julio de 2008 cuando, en estos tres años, el precio del crudo ha caído, en euros, cerca de un 20%? El reforzamiento de la competencia comportaría un menor crecimiento de precios y, por ende, de salarios, que redundará en una mejora de la competitividad exterior.
Finalmente, el tercer ámbito de reforma tiene que ver con el negativo saldo exterior y la política energética. Hoy, nuestro déficit comercial se explica básicamente por las importaciones energéticas, que absorben en el entorno del 5% del PIB. Para un país endeudado con el exterior como España, esto no es razonable.
Ajuste inmediato y reformas en el horizonte. El primero no puede esperar ni 24 horas. Para las segundas, tenemos algo más de tiempo, pero no muchas semanas. Este proceso electoral ha estado, quizás, demasiado alejado de la definición de lo que el Gobierno entrante deberá abordar. Pero, para bien o para mal, el momento de la decisión, finalmente, ha llegado. Por sus obras los conoceréis.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)