Elecciones 2011 - La presión del mercado

Nueva legislatura bajo el yugo de la prima de riesgo

La crisis de deuda soberana se ceba con España y marca al nuevo Gobierno, del que se esperan ajustes y un firme compromiso con Bruselas.

Hoy los mercados le han regalado un reloj al nuevo Gobierno español. Porque hoy, con el cambio de guardia en el palacio de La Moncloa, ha echado a andar una cuenta atrás para España. Se retira el Ejecutivo moribundo que encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero y da comienzo un mandato con ímpetu renovado. Pero sobre la mesa permanecen los mismos desafíos. Los mismos problemas.

Los mercados llevan semanas sin dar cuartel a la deuda soberana de la periferia de Europa. El deterioro de los diferenciales persiste y la tensión para las arcas públicas aumenta. La semana pasada, el bono español coqueteó con los 500 puntos básicos sobre el bund germano. Solo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) impidió que el país quedara en fuera de juego porque, a esos niveles, resulta inviable refinanciar la deuda nacional. Y es que España soporta un agravante frente a los intervenidos Grecia, Irlanda o Portugal: por su tamaño, la cuarta economía de la eurozona no puede ser rescatada.

Ante la gravedad de la situación, las fuerzas vivas del país han salido a la palestra. Miguel Martín ha sido uno de ellos. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) recordaba hace 10 días que "el futuro Gobierno debe hacer un programa económico que explique cómo se resuelven los desequilibrios de la economía española". Y enfatizó que el Ejecutivo "no tiene ni 100 días para explicar cómo va a enfrentarse a la situación. No nos queda otra alternativa que cumplir con nuestros deberes".

Sobre las mentes de todos planean los casos heleno y transalpino. Las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han impuesto a Grecia un Gobierno de unidad nacional para acometer las reformas estructurales tras el órdago fallido de Yorgos Papandreu. Y a Italia, la formación de un Gobierno tecnócrata encabezado por Mario Monti que encarrile su senda tras el descrédito cosechado por el esperpéntico Silvio Berlusconi.

España ha eludido, de momento, estos extremos gracias a la proximidad de las elecciones generales. Pero ahora toca ponerse manos a la obra. Los candidatos de las dos grandes fuerzas políticas eran conscientes de ello antes de los comicios. Mariano Rajoy, líder del PP, eludió hasta el último minuto concretar sus propuestas de recortes. En una entrevista concedida a El País la semana pasada se limitaba a indicar que "mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones. A partir de ahí, habrá que recortar en todas las partidas". Alfredo Pérez Rubalcaba, aspirante del PSOE, sostenía por su parte ante el mismo diario que "hay que subir selectivamente los impuestos, hacer un plan de ahorro serio que suponga eliminar duplicidades y adelgazar la Administración y luchar contra el fraude fiscal". Los dos hablaban de recortes.

La duda es la magnitud de los mismos. Por un lado, porque esta depende en buena medida de la evolución de los ingresos fiscales y el crecimiento de la economía. Pero por otro, habrá que considerar si el recorte de la inversión pública no condenará a España a la recesión económica por la parálisis que vive el sector privado y si será socialmente asumible. Las manifestaciones en el país ya se suceden como las cuentas de un rosario conforme las distintas autoridades locales y regionales acometen revisiones de los gastos en sanidad y educación. En contraste con Grecia o Italia, el nuevo Gobierno español tiene como factor legitimador el dictamen de las urnas. Pero deberá ser consciente de que hay pocos comodines en la baraja y se gastan con facilidad.

Entre las tareas pendientes que reclama el mercado figuran la necesidad de profundizar en la reordenación del sistema financiero, potenciar las exportaciones para mantener una balanza comercial positiva, mejorar la competitividad y, ante todo, crear empleo. La tasa de paro nacional alcanza el 21% y es la más alta de la UE.

Los expertos consultados coinciden en que, si no cumple, España está condenada a entrar en la zona de suspenso. Pero para frenar de verdad el avance de la prima de riesgo es necesario un acuerdo global en la zona euro. O dicho en otros términos, los países deben ceder soberanía de forma que el proyecto comunitario rebase lo comercial, laboral y monetario y pase a tener también contenido fiscal.

"Los mercados sacan partido de la debilidad en la toma de decisiones en Europa. Si solo hubiera una postura, como en EE UU, no se cebarían. Es un problema político, un tema de credibilidad", explica Javier Velázquez. Este profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) describe cómo se han configurado dos bloques en la UE. Por un lado, una periferia atenazada pos los costes financieros que reclama que el BCE actúe de forma más decidida en defensa de la deuda regional y que se emitan eurobonos garantizados por todos los Estados miembros. Y de la otra parte, un Norte que ahora disfruta de unas condiciones de financiación privilegiadas y demanda austeridad al Sur tras años de excesos.

En la misma línea se pronuncia José Ignacio Torreblanca, director en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Los mercados no están poniendo a prueba la voluntad de Grecia, Italia o España de hacer reformas. Están testando el papel del BCE y de Alemania. Cuando caiga la triple A de Francia será cuando Berlín abra los ojos". Y sentencia: "En el PP puede generarse mucha frustración cuando vean que las medidas que pongan en marcha, aunque traumáticas, no son suficientes. Es como tirar un cubo de agua en un incendio, mientras ves que el BCE tiene a su disposición una manguera".