_
_
_
_
_
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La soberanía de un país no reside en el mercado

La idea de crear un Gobierno de tecnócratas encargados de implementar las medidas de ajuste fiscal que un país necesita con urgencia puede parecer sencilla, al menos sobre el papel. Pero como los hechos se encargan de demostrar día a día, una cosa es el papel y otra muy distinta la realidad. Tanto Italia como Grecia escenificaron ayer la dificultad que conlleva tratar de aplicar una receta de laboratorio, por buena u oportuna que sea, en medio de una tormenta. Mario Monti, en proceso de formar Gobierno tras la dimisión de Silvio Berlusconi, y Lucas Papademos, nuevo primer ministro en Atenas, se han topado de bruces con el pragmatismo que imponen los intereses parlamentarios en sus respectivos países. Pese a la despiadada presión de los mercados y los reiterados mensajes lanzados desde Bruselas para que Atenas y Roma acometan cuanto antes la difícil tarea que tienen por delante, ni la oposición italiana ni la griega parecen dispuestas a dar carta blanca a las draconianas medidas de ajuste que ambos países tienen pendientes. Unas medidas planteadas con el objetivo de tratar de sacar a Italia y Grecia del atolladero en que están inmersas, pero que cuentan con un elevadísimo coste político que ningún partido quiere asumir.

Como consecuencia del enquistamiento de la gripe griega e italiana, los mercados han vuelto a vivir una jornada agónica, en la que la prima de riesgo española alcanzó su máximo histórico y los parqués bursátiles acusaron caídas generalizadas. A una semana de las elecciones generales, y tras las crisis de Gobierno desencadenadas en Italia y en Grecia, la asfixiante presión de los mercados sobre España -cuya virulencia no se justifica, dadas las indiscutibles diferencias entre la situación española y la griega o la italiana- amenaza con convertirse en un factor añadido que condicione el resultado que salga de las urnas el próximo 20-N.

Si a estas alturas quedan pocas dudas de que la crisis que comenzó siendo financiera ha terminado siendo también política e institucional, lo ocurrido en Europa en las últimas semanas debería suscitar una profunda y seria reflexión. El alivio manifestado por los mercados y desde distintas instancias políticas ante la caída de Yorgos Papandreu, y la celebración absolutamente indisimulada por la dimisión de Silvio Berlusconi, no deberían hacer olvidar el hecho -insólito y preocupante- de que la crisis de deuda soberana se ha cobrado hasta el momento la continuidad de dos Gobiernos legítimos en Europa. A ello han contribuido mensajes políticos e institucionales lanzados desde uno y otro lado del Atlántico, cuyo efecto ha sido poner en la picota de los mercados a dos Ejecutivos ciertamente ineficientes, pero que deberían haber sido despojados del poder por la vía por la que llegaron a él. Ni los ciudadanos griegos ni los italianos han tenido la oportunidad de manifestar a través de las urnas su valoración sobre la gestión llevada a cabo por sus gobernantes. Una oportunidad que la cercanía del calendario electoral sí parece ofrecer a los electores españoles y en cuyo ejercicio legítimo la presión de los mercados financieros no debería ejercer interferencias.

De confirmarse finalmente las encuestas electorales realizadas hasta el momento, el Gobierno que saldrá de las urnas el 20-N contará previsiblemente con una mayoría que le permitirá acometer la tarea que tiene por delante con firmeza y decisión. Una tarea que incluye la adopción de medidas tan severas y exigentes como las que los nuevos Gobiernos tecnócratas pretenden implantar en Grecia y en Italia, pero que contará con la ventaja de un sólido respaldo parlamentario. A la espera de que esa nueva etapa se abra, el Ejecutivo actual tiene todavía por delante un compromiso fundamental que cumplir: el deber de presentar ante Bruselas a final de año unas cuentas que se ajusten al objetivo de reducir el déficit público al 6%. Se trata de una tarea irrenunciable, como irrenunciable es también el deber del próximo Gobierno de llevar a cabo cuanto antes los ajustes que España debe todavía acometer. Tanto a uno como a otro les corresponde hacer su parte del trabajo y asumir su carga de responsabilidad en el proceso de devolver a España a la posición que le corresponde y que nunca debió perder.

Archivado En

_
_