La UE cuestiona las fórmulas de financiación mixta en la obra pública
La inversión privada es la única alternativa capaz de paliar los recortes de gasto público que seguirán aplicando los Gobiernos europeos a medio plazo. Pero todos deberán afinar el diseño de las fórmulas mixtas de financiación. Bruselas ha echado por tierra el Plan Red de Carreteras de Aragón, valorado en más de 5.200 millones, por no ajustarse a algunos parámetros que exige para que el dinero gastado no incremente el déficit ni la deuda.
No es la primera vez que los técnicos de la oficina de estadística de Bruselas, Eurostat, dan un disgusto a una Administración pública española. Y si no, que le pregunten al número cuatro por Madrid en las listas del PP al 20-N, Alberto Ruiz-Gallardón. Bruselas ya puso en solfa el tratamiento contable que realizó uno de sus Ejecutivos de la Comunidad de Madrid de la deuda de la empresa pública Mintra, responsable de la mayor ampliación de la red de metro hecha nunca. Y lo más reciente: la interpretación que hizo la UE, en tiempos de Pedro Solbes como comisario, de la deuda generada por el soterramiento de la M-30 explica buena parte del estratosférico endeudamiento del ayuntamiento de la capital.
El último caso ha sido Aragón. El anterior Gobierno del socialista Marcelino Iglesias aprobó en 2010 el Plan Red de Carreteras que pretendía renovar y mantener la mitad de la red viaria autonómica, unos 2.400 kilómetros, durante 38 años. En obra nueva, es decir, en la construcción de nuevos trazados estaba previsto invertir entre 600 y 700 millones y el resto, hasta llegar a esos 5.200 millones, lo constituían los gastos de conservación y los costes financieros. Se pagaría a través del sistema concesional y sus pliegos se redactaron a imagen y semejanza del Plan Renove de las Autovías de Primera Generación (en la actualidad paralizado por falta de acuerdo con las concesionarias). También fue inspirado por el pago por disponibilidad que contempla el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), ambos elaborados por Fomento. Así, las empresas que resultaron adjudicatarias de los proyectos (divididos en ocho sectores) se comprometieron a adelantar el dinero de las obras a cambio de cobrar un canon anual durante toda la vida de la concesión, según explicó a CincoDías el consejero de Obras Públicas de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, perteneciente al Ejecutivo de la popular Luisa Fernanda Rudi.
Cambio de Gobierno
Sin embargo, el plan presentaba varias lagunas en opinión de Eurostat. En el informe emitido en junio, Bruselas dictaminó que tres de los ocho proyectos deberán computar como gasto público y, por ende, aumentarán el déficit y la deuda, puesto que el valor de la obra nueva que se iba a realizar en ellos no superaba el 50% del total de la inversión para ese tramo. Es decir, que costaba más mantener lo que ya estaba hecho que construir tramos nuevos.
La UE también criticó que se apurara el plazo máximo previsto para estas concesiones, que son 40 años. Esos plazos son más propios de proyectos de mayor envergadura, como sería la travesía central de los Pirineos. "Ese informe de Eurostat significa que de repente la deuda de Aragón se incrementa en nada menos que 200 millones, algo inasumible porque incumpliríamos los objetivos de estabilidad", añade Fernández de Alarcón. Por eso, el Ejecutivo aragonés ha anunciado que aunque su compromiso es cumplir los contratos ya firmados, es muy probable que el proyecto no salga como fue concebido, puesto que el canon anual establecido, de unos 120 millones, compromete las cuentas futuras de la comunidad.
Urge redefinir el papel del inversor privado
"El fiasco del Plan Red de Aragón no es más que un ejemplo de lo mal que se han diseñado muchos proyectos con financiación público-privada", sostiene un dirigente de una de las grandes patronales de la construcción. De hecho, el PEI, que preveía movilizar 17.000 millones, se ha aparcado. Además de los peros que ha puesto Bruselas al programa aragonés, algunas empresas adjudicatarias están incumpliendo sus contratos. "Tratan de abaratar el desembolso inicial al que están obligadas", admite el consejero de Obras Públicas. Es más, el grupo encargado del sector Teruel 1, formado por la constructora Rover Alcisa y la ingeniería Ceinsa ha manifestado su intención de rescindir el acuerdo ante la imposibilidad de hacer frente a los trabajos con las bajas rentabilidades pactadas, que no llegan al 10%.Desde la Consejería de Obras Públicas no dudan que no será el primer contrato en anularse. Y es que a primera vista parece más barato conservar las vías con cargo al presupuesto, "recuperando los niveles de gasto de 2007, de unos 45 millones anuales, que desembolsar 120 cada año hasta 2048", advierte el consejero Rafael Fernández de Alarcón. El PP ya ha anunciado que si gana el 20-N, redefinirá el papel del inversor privado en esta clase de proyectos; algo que exigen las empresas y que además también vigila Eurostat. Porque para que un Gobierno no tenga que computar todo el gasto de una obra de estas características en un solo ejercicio también hace falta que las compañías privadas asuman riesgos y no tengan los cánones anuales garantizados. "Debemos regular un pago por disponibilidad de verdad y no hacer obras a plazos sin más", recuerda el portavoz parlamentario del PP en la Comisión de Fomento, Andrés Ayala.
Las cifras
5.200 millones de euros hubiera movilizado en 38 años el Plan Red de Aragón.13.000 empleos iban a crearse con la renovación y conservación de carreteras.120 millones al año cobrarían las empresas adjudicatarias como canon por adelantar la inversión.
Las empresa afectadas
Sector 1 de Huesca Concesionarios: Imesapi, SA. API Movilidad, SA. Vidal Obras y Servicios. Topografía e Ingeniería de Obras Salas, SL. Adjudicación: 682 millones.Sector 2 de Huesca Concesionarios: Marco Obra Pública. Vialex Constructora Aragonesa, SAU. ACSA Obras e Infraestructuras, SAU. Sorigué-ACSA Conservación de Infraestructuras. Hormigones del Pirineo. Adjudicación: 589,2 millones.Sector 3 de Huesca Concesionarios: Obrascón Huarte Lain, SA. Asfaltos y Construcciones Elsan. Idecon, SAU. Sumelzo, SA. Adjudicación: 488 millones.Sector 1 Zaragoza Concesionarios: Construcciones Mariano López Navarro, SA. Altec Infraestructuras. Transfer Sociedad de Marcas Viales, SL. Adjudicación: 625,6 millones.Sector 2 Zaragoza Concesionarios: Altec, SA. Torrescámara. Caja Rural de Aragón. Adjudicación: 489,2 millones.Sector 3 Zaragoza Concesionarios: Sorigué. Hormigones Giral. Aragonesa de Caminos. Pasaval. Adjudicación: 496 millones.Sector 1 Teruel Concesionarios: Rover Alcisa. Ceinsa. Adjudicación: 478,9 millones.Sector 2 Teruel Concesionarios: Emipesa. Río Valle Construcción. Turiving. Aragonesa de Proyectos. Postigo Obras y Servicios. Caja Rural de Teruel. Excavaciones Salvador Guallar. Asistencia Técnica Invernal, SA. Adjudicación: 510,2 millones.