Cómo sacar al sector de la obra pública de la crisis
La singular reducción de la inversión pública establecida para reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 y al 2,1% en 2014 supone una caída de la demanda de obra pública en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 de 50.000 millones de euros, que ha puesto contra las cuerdas a un sector productivo esencial por su efecto arrastre para el desarrollo de nuestra economía, y cuya cooperación es necesaria para salir de la crisis recuperando empleo.
La alternativa a esta aportación de la inversión al ajuste del déficit público, superior al 20% del esfuerzo total, es la austeridad y la mejora de la gestión del gasto público no productivo, con el fin de hacer hueco a una inversión en infraestructuras equivalente a un 10% del consumo público. El impacto inmediato se compadece con que por cada millón de euros invertido se crean 18 puestos de trabajo y se produce un retorno a las Administraciones públicas del 57%.
Hay dos necesidades perentorias y fórmulas de inversión que no generan gasto público, todas ellas conocidas y aplicadas en los países más dinámicos del mundo.
Primero, hay que atender la adecuada conservación de la red existente, cuyo abandono puede generar importantes impactos negativos de carácter social y económico, así como multiplicar en el futuro los costes de conservar una red con un alto grado de deterioro progresivo.
Segundo, no es cierto que ya esté todo hecho en materia de infraestructuras; hay carencias significativas, si queremos competir adecuadamente con el resto de países de nuestro entorno, en los sectores relacionados con el transporte, el agua, la energía y las necesidades primarias sociales, que requieren, eso sí, una adecuada y eficaz selección de inversiones.
La escasez de fondos públicos debe paliarse apelando con mayor intensidad a los mecanismos de colaboración público-privada (CPP), propiciando pliegos concesionales y legislación de captación de capitales y de contratación atractiva para los inversores. Debe implantarse el pago por uso de las infraestructuras de carreteras en toda la red de alta capacidad como demanda la UE, bajo el principio de "el que usa y/o contamina, paga", con el fin de generar fondos suficientes para asegurar su mantenimiento y para modernizar el sector del transporte por carretera.
Asimismo, deben alargarse los plazos de las concesiones de peaje explícito actualmente en servicio, comenzando por las más maduras, para obtener nuevos ingresos públicos que permitan acometer nuevas infraestructuras y colaborar a su explotación y mantenimiento.
Atender a la conservación del patrimonio infraestructural existente es una necesidad que hay que atajar sin dilación. Si se aplicara la regla de oro de la conservación -debe invertirse en ello anualmente el 3% del valor patrimonial de la red, estimado en torno a 175.000 millones de euros- supondría invertir anualmente solo en conservación de las carreteras 2.100 millones de euros en la red estatal y 5.125 millones en la totalidad de la red nacional.
El nuevo Gobierno debe también prestar un mayor apoyo a la internacionalización del sector propiciando la creación -a semejanza de lo que hizo el Gobierno francés en 2008 y que tan buenos resultados está dando a sus empresas- de una comisión interministerial con el fin de apoyar los esfuerzos que realizan las empresas españolas para obtener contratos en el exterior.
Y también para ayudar a que otras muchas -medianas y pequeñas, así como para que muchas otras dedicadas a fabricar materiales, gestionar maquinaria o especializadas en actividades conexas a la actividad principal- puedan incorporarse a este proceso.
Juan F. Lazcano. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción