Instalaza lleva al Gobierno a los tribunales por las bombas de racimo
Traslada a la vía judicial una reclamación por 40 millones
Instalaza ha decidido recurrir a los tribunales para tratar de conseguir que el Gobierno le indemnice por la decisión del Ejecutivo de aprobar, en julio de 2008, una moratoria unilateral en el uso, producción y venta de bombas de racimo. Una medida que ha perjudicado al negocio de la empresa zaragozana, el único fabricante que quedaba de este tipo de bombas en España, con sus MAT-120.
La compañía había presentado una reclamación por pérdida patrimonial al Gobierno por 40 millones de euros, en concepto de daño emergente y lucro cesante por venta en siete países. El procedimiento en estos casos es cursar la petición, primero, a la Administración causante del daño. Si no se tiene respuesta, queda la vía de los tribunales.
Y eso es lo que ya ha hecho Instalaza, según se desprende las cuentas de la empresa correspondientes al ejercicio de 2010, remitidas hace unas semanas al Registro Mercantil. "La reclamación ... ha sido aceptada a trámite, estando pendiente de resolución por los tribunales en vía contencioso-administrativa", recoge el informe.
La compañía que preside Leoncio Muñoz pretende que se le indemnice por los contratos de venta con países como la Libia de Gadafi o Finlandia que dejaron de tener validez tras la moratoria del Gobierno. Y también que se le compense por las existencias acumuladas para la fabricación de las bombas de racimo y el gasto en I+D invertido en los explosivos. Según la empresa, el valor de estas existencias ronda los 4,02 millones de euros y cifra el dinero que ha destinado a su desarrollo en 990.275 euros.
Las fuerzas leales al dictador libio Muamar Gadafi usaron las MAT-120 en su asedio a la ciudad de Misrata, según las evidencias recogidas por un reportero del The New York Times y por la organización Human Rights Watch. En junio, el Gobierno confirmó a la Coalición contra las bombas de racimo que autorizó la venta a Libia de un total de 1.055 MAT-120 (con 22.155 bombetas) en agosto de 2006 y a finales de 2007. Las últimas bombas llegaron a Libia tres meses antes de aprobar la moratoria.
La empresa duplica su facturación en España
Si tanto la crisis como la prohibición de fabricar y vender bombas de racimo llevaron a Instalaza a facturar un 42,6% menos en 2009 y a cerrar el ejercicio con pérdidas de 127.499 euros, parece que la situación se dio la vuelta un año después. Según las cuentas de la empresa correspondientes a 2010, la empresa consiguió terminar el año dejando atrás los números rojos y alcanzando un beneficio neto de 634.485 euros. Esto fue posible gracias a que la facturación superó los 8,31 millones de euros, con una mejora del 37,1%.¿Qué hay detrás de esta recuperación de la cifra de negocio? Pues sorprendentemente, y pese a los recortes presupuestarios en Defensa, el incremento se debió a que las ventas en España prácticamente se duplicaron, frente al desplome de sus exportaciones.