La posición española ante la nueva PAC
La Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas han organizado el pasado fin de semana en Talavera la sexta edición de las Jornadas Herrera Oria sobre Agricultura y Ganadería, al cumplirse los 25 años de la integración de España en Europa y de la Política Agraria Común (PAC).
El gran interés que han despertado se justifica por el hecho de estarse debatiendo en estos momentos la reforma de la PAC y su aplicación a partir de 2014. Por allí han pasado figuras relevantes como Jaime Lamo de Espinosa, Miguel Arias Cañete, Gregorio Varela y Emilio González, que han puesto de manifiesto los enormes riesgos que para nuestra agricultura supondría la aprobación de la nueva PAC.
El proceso de negociación que culminó con nuestro ingreso en la Unión Europea exigió realizar grandes cesiones en materia agrícola para vencer las reticencias de los socios comunitarios mediterráneos, como potenciales competidores en el ámbito agrícola. El modelo agrario español que se ha configurado en estos 25 años es, sin duda, más reducido, pero al mismo tiempo ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado. Pero hay que reconocer que este modelo es insostenible sin las ayudas comunitarias existentes, elemento crucial para garantizar una renta agraria que evite el abandono total de la actividad.
Sin embargo, el modelo de reforma presentado por el comisario europeo Dacian Ciolos, que prevé un cambio de las ayudas directas y que sustituye los derechos históricos derivados del actual sistema de reparto sobre la base de producción media por el pago único por hectárea, limitando las ayudas a las grandes explotaciones, puede generar graves desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país, poniendo en peligro la viabilidad del sector al castigar a los agricultores más eficientes.
El documento que se ha presentado se ajusta a las necesidades de un modelo agrícola centroeuropeo, olvidándose de la agricultura y ganadería mediterráneas. La PAC representa actualmente aproximadamente el 40% del presupuesto comunitario. De ponerse en marcha la nueva PAC se recortaría casi un 36% la cuantía destinada a agricultura y ganadería en el próximo periodo. El presupuesto previsto es claramente insuficiente para nuestra agricultura y ganadería.
Otro aspecto controvertido de la reforma es el denominado greening o reverdecimiento. La adopción de criterios de producción propios del norte de Europa puede dejar fuera del mercado a los agricultores mediterráneos como consecuencia del encarecimiento de la producción.
Los grandes beneficiarios de la reforma planteada serían aquellos países europeos que no consideran la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos, y que pretenden impulsar las importaciones de productos agrícolas de países como China y Marruecos. Las exigencias comunitarias en cuanto a los estándares de calidad que se exigen a los agricultores europeos deberían también aplicarse a las importaciones de países no comunitarios que no cumplen los mismos requisitos. El consumidor europeo, a pesar de lo señalado en el documento de reforma, puede no verse beneficiado por la misma.
En un periodo electoral como en el que nos encontramos, cuando el candidato Rubalcaba parece optar por elevar la crispación a nivel interno a la vista del lema de campaña presentado Pelea por lo que quieres, que no parece el más adecuado para aliviar las consecuencias de una crisis económica, que exigirá llegar a grandes acuerdos para ganar confianza y mejorar las expectativas de los agentes económicos, habría que demandar a nuestros políticos que en esta negociación alcancen compromisos que permitan oponerse al texto presentado defendiendo los intereses de España y del campo español. No es el momento de mirar para otro lado en Europa si no queremos que nuestra agricultura pueda llegar a desaparecer.
Señora ministra, ahora toca sumar esfuerzos y mantener una postura consensuada entre todos los partidos, que debe ser muy crítica con la nueva PAC, y no mantener una postura pasiva en la negociación en Europa, como ha venido sucediendo en los últimos años por la gran tibieza del Gobierno español. El sector agrícola español se lo demanda. Con cinco millones de parados, sectores productivos desmoronados, con la pérdida de capital humano derivada de la salida masiva al extranjero de nuestros jóvenes mejor preparados para buscar oportunidades de trabajo que no existen en nuestro país, no podemos permitirnos que el sector primario también desaparezca. Se hace necesario un cambio muy importante que permita impulsar la marca España. El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 20-N deberá mostrar esa fortaleza.
Ángel Algarra Paredes. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo