Un calendario fiscal que sea predecible
La Agencia Tributaria ha comenzado una campaña de comprobación masiva del nuevo sistema de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Entonces, el Ejecutivo decidió modificar el sistema de cálculo de los pagos fraccionados a realizar por las grandes empresas con el fin de contribuir al cumplimiento del plan de consolidación fiscal. La reforma no eleva el grueso de la factura tributaria de las compañías, pero obliga a estas a realizar un mayor adelanto de los pagos a cuenta del impuesto (adelanto que se descontará en la declaración del año que viene) y contribuir así a cuadrar las tozudas cuentas públicas que el Gobierno deberá presentar a final de año ante Bruselas. Con ello, Hacienda espera conseguir alrededor de 2.500 millones de euros de recaudación extra para este ejercicio, así como otros 400 millones en 2012 y en 2013, años sobre los que también se extiende el efecto de la medida. Unas suculentas cantidades cuyo ingreso la Agencia Tributaria ha decidido vigilar con especial atención y rigor. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el nuevo sistema de pagos fraccionados afecta a un total de 8.000 grandes sociedades, cuya contribución extra oscilará -según los cálculos de Hacienda- entre 50.000 y 255.000 euros por empresa.
El Gobierno puede aportar, sin duda, razones sólidas para defender esta nueva vuelta de tuerca sobre las obligaciones fiscales de la compañías. La primera de ellas, la ineludible obligación de cumplir con las exigencias de ajuste presupuestario impuestas desde Bruselas. También puede argumentar -y así lo hace- que la reforma recae únicamente sobre un perfil de empresa muy determinado: grandes firmas que se mantienen en beneficios. Sin embargo, ninguna de esas razones permite ocultar el hecho de que obligar a las empresas de forma imprevista y a mitad de ejercicio a adelantar pagos tributarios supone una dificultad añadida a los problemas de liquidez que, en mayor o menor medida y en uno u otro momento, padecen actualmente un buen número de compañías españolas.
La obligación constitucional de cumplir con los deberes tributarios que recae sobre ciudadanos y empresas resulta lo suficientemente onerosa como para que no deba ser agravada con alteraciones imprevistas del calendario fiscal. Una sistema tributario moderno y eficiente debe aspirar a perjudicar lo menos posible la actividad económica de los sujetos pasivos del impuesto y a permitirles planificar su tesorería sin alteraciones añadidas a las propias del mercado. Más allá de parches y reformas puntuales, lo que el tejido empresarial español necesita es contar con un marco fiscal estable y predecible.