Daño colateral de una quita a España
Las negociaciones que se desarrollan actualmente en el seno de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para determinar en qué términos y con qué criterios se llevará a cabo el proceso de recapitalización del sistema financiero europeo amenazan con ser más duras y complejas de lo previsto. Los últimos datos sobre ese proceso apuntan a que, en el caso de la deuda soberana española, la EBA baraja aplicar a los próximos test de estrés un descuento de en torno al 5%. Ese porcentaje está muy lejos del 20% que se ha rumoreado en las últimas semanas y por debajo también de la quita potencial que previsiblemente se adjudicará a otras deudas periféricas, no solo a la griega, de la que se maneja una horquilla de entre el 50% y el 60%, sino también a la irlandesa y la portuguesa. Sin embargo, la factura que ese descuento pasaría al sistema bancario español, propietario de 220.000 millones en títulos del Estado, asciende a nada menos que 41.000 millones de euros.
Desde Bruselas se reconoce oficiosamente que adjudicar ese porcentaje de descuento a los bonos españoles supone una reacción "exagerada". Con ello -argumentan- lo que se busca es blindar de una vez por todas la solvencia de la banca del Viejo Continente y despejar unas dudas que parecen haberse hecho endémicas en los mercados. Indudablemente, se trata de un objetivo no ya necesario, sino absolutamente imprescindible para sacar a Europa de una crisis que amenaza con socavar los pilares de todo su sistema financiero. Cuestión aparte es si esta propuesta de la EBA constituye el modo más adecuado, prudente y ajustado de llevarlo a cabo.
En primer lugar, aplicar una quita del 5% a los títulos de España no se corresponde en absoluto con la valoración que estos tienen actualmente en el mercado secundario, donde cotizan en torno a un 1% por encima de su valor de emisión. Con ello no solo se perjudica innecesariamente la banca, obligada a hacer frente a unas provisiones extras, sino también las perspectivas de crecimiento del conjunto de la economía española. No en vano, el primer daño colateral de ese descuento será la reticencia de las entidades financieras a adquirir unos bonos que habrán dejado ya de considerarse activos seguros. Ello obligará a España a acudir a otras fuentes de financiación, fundamentalmente el ahorro de los particulares, y a hacerlo a un mayor coste. Una decisión que si bien convertirá la adquisición de deuda soberana española en una opción extremadamente atractiva, también desincentivará otras inversiones, absolutamente necesarias para sentar las bases de un futuro crecimiento económico.