Las rebajas de rating dificultan la emisión de deuda por 43.500 millones
El Tesoro ha colocado en lo que va de año 148.500 millones de euros en deuda pública y, según los Presupuestos Generales del Estado, aún quedan 43.500 millones por emitir. La reciente rebaja del rating de Standard & Poor's y Fitch eleva la presión sobre las futuras emisiones.
La calificación de la deuda española pierde paulatinamente desde 2009 grados de solvencia y, lo más grave, es que no hay indicios a corto plazo que permitan vislumbrar un cambio de tendencia. Todo ello eleva la presión sobre las futuras emisiones de deuda que, si se cumplen las previsiones presupuestarias, ascienden a 13.000 millones de euros.
Sin embargo, esa cifra podría ser superior si no se cumple la senda de reducción del déficit. Por otra parte, la fallida salida a Bolsa de LAE y la paralización de la privatización de Aena también suponen un incremento de las necesidades de emisión. El Ejecutivo confiaba en ingresar 13.000 millones de euros por ambas operaciones.
En cualquier caso, la rebaja del rating de AA a AA- anunciada por S&P no ha sorprendido a nadie. Y el mantenimiento de la perspectiva negativa indica que España está cerca de perder la doble A como le ha sucedido a Italia. De hecho, la rebaja de S&P no ha tenido ningún efecto sobre la prima de riesgo, el diferencial entre el bono español y alemán a 10 años. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, señala que la prima de riesgo ya se mueve en un nivel muy elevado y la rebaja de rating simplemente confirma la desconfianza de los inversores. De hecho, los precedentes señalan que Moody's recortará en breve la nota de España tras hacerlo Fitch y S&P. "La situación es preocupante y el posible incumplimiento del objetivo de estabilidad supone el mayor riesgo", opina Gregorio Izquierdo, director del departamento de economía del Círculo de Empresarios. Para Juan Iranzo, vicepresidente del IEE, la confianza en los mercados solo regresará si, además de cumplir con el objetivo de estabilidad, se sanean los activos bancarios y se aborda una reforma laboral ambiciosa.
Salgado asegura que hay margen para cumplir el objetivo de estabilidad
En cualquier caso, la vicepresidenta económica Elena Salgado aseguró el viernes que el Estado ha ingresado 2.000 millones de euros no presupuestados que, junto a otros 2.000 millones ahorrados en el pago de intereses, ofrece un margen de 4.000 millones para cumplir el objetivo de déficit que prevé rebajar los números rojos del 9,3% del PIB registrado en 2010 al 6%.
Sin embargo, S&P indica que el esfuerzo de la Administración central para recortar el déficit puede resultar insuficiente ante los desequilibrios presupuestarios de las comunidades autónomas. La crítica de S&P es compartida por Moody's y Fitch.
Por otra parte, S&P señala que la crisis del euro, las tensiones en el sector financiero, el paro y la elevada deuda del sector privado amenaza el crecimiento de la economía. De hecho, no descartan que la debilidad de la demanda externa e interna lleve a España a una nueva recesión.
Bruselas se alinea con el Ejecutivo y alaba la política económica
"No hacemos ningún comentario sobre la calificación de las agencias. Dicho esto, reconocemos que España ha tomado medidas importantes para consolidar sus cuentas públicas y cumplir con los objetivos acordados con sus socios europeos". Así respondió el portavoz económico de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, a la rebaja del rating de S&P a la deuda soberana española.Bruselas confía en que España cumplirá con la senda de reducción y pone como ejemplo las medidas que se adoptaron en agosto -recorte del gato farmacéutico e incremento de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades- para ilustrar el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal. En cualquier caso, Altafaj reconoció que "las autoridades regionales" registraron importantes "desviaciones" en la primera mitad del año aunque añadió que se "está llevando a cabo una acción correctiva".
El Gobierno recorta el gasto ministerial en 654 millones
El Consejo de Ministros del viernes aprobó un real decreto de no disponibilidad de 654 millones para compensar los desvíos del gasto registrados en distintos departamentos ministeriales. Para evitar que ello repercuta negativamente en el déficit, el exceso de gasto contraído por algunos ministerios debe contrarrestarse con un incremento de la austeridad en otros. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad gastará 162 millones más de los presupuestados para abonar la renta activa de inserción, una prestación destinada a desempleados de larga duración mayores de 45 años. El Ejecutivo había previsto conceder a 131.000 personas al mes esta prestación y, finalmente, la cifra se ha incrementado hasta los 180.000 desempleados.Por otra parte, el Ministerio de Fomento recibirá un crédito adicional de 124 millones para pagar la llamada renta básica de emancipación a los jóvenes.