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Ley de Auditoría

Los auditores, contra la tramitación de su reglamento

Las corporaciones plantean acciones legales y alertan de que rompe el consenso alcanzado por la ley en el Congreso.

La tramitación que el Gobierno está realizando sobre el reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría ha provocado la alerta entre las corporaciones que engloban al sector. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España enviaron ayer un comunicado conjunto en el que denuncian "la premura con que se ha tramitado el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas".

Las corporaciones subrayan que "no se han cumplido las garantías del trámite de audiencia exigidas por la Ley del Gobierno", específicamente el artículo 24. Además, dicen que no se ha respetado la duración y la continuidad previstas legalmente, y que no se han valorado adecuadamente las alegaciones formuladas en dicho trámite, "pues se recabaron varios informes preceptivos al mismo tiempo, superponiendo actuaciones y obstaculizando la normal instrucción del expediente".

También, añaden que la tramitación de la norma ha sido incompleta, porque no se ha recabado el parecer de algunos departamentos y organismos ajenos al Ministerio de Economía y Hacienda. "Resulta especialmente llamativa la ausencia del informe del Ministerio de Educación, del Consejo Económico y Social y sobre todo de la Comisión Nacional de la Competencia, pese a tratarse de un proyecto que afecta de forma directa a los mismos".

A juicio de los representantes del sector, el proyecto de reglamento se ha tramitado con una "premura injustificada que ha perjudicado considerablemente la calidad" de la norma. Las corporaciones dejan claro que "no comparten el contenido del texto en sus aspectos más relevantes".

Ante esta situación, los organismos se plantean presentar un recurso contencioso administrativo y se reservan otras acciones legales nacionales y europeas. Igualmente, advierten de la quiebra del consenso que logró la ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y consideran especialmente grave que esto se produzca cuando las Cortes están disueltas.

En su opinión, "el texto no resulta acorde con la realidad práctica que está llamado a ordenar".

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