Vida profesional

Caamaño apuesta por revisar la labor de notarías y registros

Aclara que el arancel registral por cancelar una hipoteca es de 30 euros.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó ayer que considera necesario que notarías y registros de la propiedad y mercantiles se reestructuren para "adaptarse a las nuevas realidades", toda vez que "los vientos que vienen de Europa no son los mejores" para este tipo de profesiones con aranceles regulados. Caamaño piensa que se debe acometer una revisión de las funciones de cada colectivo para "evitar duplicidades", lo que puede desembocar en la creación de "un solo cuerpo".

Ya se produjo una integración entre notarios y corredores de comercio, pero el ministro de Justicia no cree que este sea el modelo a seguir. "¿Por qué tengo que pagar por una copia de mi hipoteca? ¿Por qué pagar por algo que yo mismo he inscrito en un registro público?", se preguntó Caamaño en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). "No puede ser, habrá que cambiar", sentenció el ministro, que también se preguntó por qué no existe un registro único.

En cualquier caso, agradeció la comprensión de notarios y registradores cuando el Gobierno decidió rebajar los aranceles y por el esfuerzo realizado para agilizar la constitución de sociedades. Destacó que el clima de diálogo no ha tenido efectos en todos los casos, ya que los registradores han recurrido en los tribunales las resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado que establecían que las cancelaciones hipotecarias son documentos sin cuantía, es decir, que el arancel es de 30,05 euros. "Siguen erre que erre", comentó Caamaño, quien anunció una inminente reforma del decreto para que sea "inequívoca la redacción". Según las facturas analizadas por la OCU, de media se está cobrando en el registro 144 euros por cancelación.

Caamaño hizo un repaso de su actuación al frente de Justicia desde 2009. Explicó que su departamento ha rechazado los planteamientos de varias comunidades para reformar la prestación del servicio de justicia gratuita. Algunas propusieron asumir el servicio con funcionarios y presupuesto anual, lo que según Caamaño entraña el riesgo de que antes de que finalice el ejercicio se acaben los fondos asignados. También frenó que se subcontratara el servicio a un despacho privado porque al final primaría el interés por el beneficio. Caamaño se mostró partidario de reducir y optimizar el gasto pero siempre que los colegios de abogados gestionen el servicio.

El titular de Justicia avanzó las líneas básicas del programa socialista. Así, se retomará el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no dio tiempo a que llegara al Congreso de los Diputados por el adelanto electoral. El Gobierno pretende que los fiscales se hagan cargo de la instrucción de los procesos penales con la supervisión del juez. Caamaño considera fundamental hacer más eficaz la instrucción porque no tiene sentido que de todos los procedimientos penales que se inician en un juzgado solo el 20% lleguen a juicio. Asimismo, deben superarse las diferencias entre jueces y fiscales cada vez que se habla de reformar la instrucción de los procesos penales.

Sobre la propuesta del PP de que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Caamaño cree que se trataría de un modelo "más corporativo" en el que los profesionales pasarían a dirigir la política judicial del país, algo con lo que no está de acuerdo.

También el PSOE pretende introducir cambios en el acceso a las profesiones de juez y fiscal, manteniendo la oposición pero introduciendo un mayor componente práctico en la formación de los aspirantes. En línea con lo que ya se ha hecho con la Ley de Acceso a la Abogacía, que exige el grado en Derecho, un máster y un examen.

Las cifras

20% de los asuntos penales que se inician en un juzgado llegan finalmente a juicio. El Ministerio de Justicia quiere reformar la instrucción de los procedimientos para lograr mayor eficiencia.

22 leyes se han aprobado en esta legislatura, propuestas o copropuestas por el Ministerio de Justicia.

Blindaje para jueces y fiscales en política

El titular de Justicia defendió ayer la reforma de la Ley del Poder Judicial aprobada el 22 de septiembre en el Parlamento. Esta conserva intactos los privilegios de jueces y fiscales que den el salto a la política, pues dejan de estar en excedencia como hasta ahora para figurar en situación de servicios especiales.

Esto quiere decir que, cuando regresen a la carrera judicial, lo harán al mismo puesto que abandonaron. Este cambio termina con la situación "discriminatoria" que padecían jueces y fiscales hasta ahora. Caamaño recordó que la reforma de la ley se aprobó por unanimidad de todos los grupos. La permanencia en la vida política les computará como tiempo trabajado en la carrera judicial a efectos de antigüedad. Las asociaciones de jueces han criticado el cambio, ya que creen que han primado "complacencias personales" al interés general.

El adelanto electoral frena tres leyes

Caamaño hizo repaso ayer de la producción legislativa de su departamento en la legislatura, que ha ascendido a 22 iniciativas, entre ellas la Ley de Arbitraje, Concursal, de Agilización Procesal, la reforma del Código Penal o del Registro Civil. Pero también enumeró las leyes que se han quedado a mitad del proceso por el adelanto electoral.

En este sentido, destacó tres: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y la de Creación de los Tribunales de Instancia. El ministro destacó que la más importante de todas es esta última porque pretendía introducir los órganos pluripersonales en el primer nivel de la justicia. "No se puede continuar con la dinámica de donde se necesita un juez hay que crear un juzgado". Dice que puede haber un juzgado con varios jueces, lo que contribuiría a unificar criterios y crear economías de escala.