España legaliza el pillaje
Hace unos meses informábamos en este periódico de que la cadena de tiendas de informática PC City había elevado los bonus a los jefes de tienda para evitar el pillaje interno. La compañía estaba en proceso de disolución y quería evitar que durante la liquidación empleados enfadados hicieran su agosto.
Al parecer los directivos de PC City son más avezados que los responsables de supervisar las cajas de ahorros. El pillaje ha campado a sus anchas en dos de las entidades, además, con las finanzas más deterioradas y que más dinero van a costar al contribuyente, CAM y NovaCaixaGalicia.
Cierto es que, a toro pasado, es fácil sacar los colores al resto. Pero no deja de sorprender la complacencia con la que el Banco de España ha abordado, desde un primer momento, la situación de las cajas de ahorros. La crisis empezó en 2007; antes de ello, el Banco de España había observado cual diletante la formación de la brutal burbuja inmobiliaria que es la raíz de nuestros problemas.
Pasaron tres años hasta que se acometió una reforma que obligase al sector a iniciar la reestructuración. A resultas de ésta, y de entre las grandes, solo La Caixa se ha dejado pocos pelos en la gatera. Bankia salió a Bolsa porque el sector remó en la misma dirección. La CAM está intervenida, Catalunya Caixa y NCG, nacionalizadas. ¿De verdad no era tan urgente reformar las cajas?
Los finiquitos varios a directivos de NovaCaixaGalicia han supuesto 25 millones de euros. Según este artículo de Ana Perona, la caja los considera legales. De acuerdo con el informe de gobierno corporativo de la CNMV, el 20 de diciembre en la caja se nombró una comisión de retribuciones, cuya función es “informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y (aquí la clave) personal directivo, y velar por la observancia de dicha política”. Al parecer, alguien no ha hecho su trabajo. Y no solo el Banco de España.
En la CAM, más de lo mismo, con una pensión vitalicia para la señora Amorós de 370.000 euros que supondrá varias decenas de millones de euros para una caja que hemos rescatado con nuestros impuestos.
La cuestión sería un ejemplo más de la falta de decoro con la que se procede en los niveles superiores de muchas grandes empresas. Pero esto es otra cosa. Por dos motivos. Uno, que a los ciudadanos se nos pide, día sí día también, que sacrifiquemos bienestar, dinero, tiempo y derechos adquiridos en aras de una austeridad que nos sacará del pozo (habrá que verlo, pero eso es otra cosa). Por mucho que el Gobierno juegue al trilero endosando al FGD la reestructuración, el garante último de los depósitos, si el FGD se descapitaliza, es el Estado. Nada es gratis.
Y dos, la situación de las cajas de ahorros es uno de los grandes puntos débiles de España cuando los mercados nos castigan. Si el Banco de España no exige por vía judicial que sus empleados y ex empleados devuelvan el botín del saqueo, el mensaje es claro. A los ciudadanos, toma el dinero y corre; si le despiden de su trabajo, llévese el ordenador. Y a los mercados, que España es una república bananera donde la mala gestión y el saqueo no se castigan, sino que se ocultan.