Las carreteras se mueren
Este era el dramático leitmotiv de una edición de 1980 de la revista que edita la Asociación Española de la Carretera, dedicada a la conservación viaria.
Algunas circunstancias de las que motivaron aquella publicación se repiten hoy de forma tan dramática como lo era aquel titular -crisis económica de la que España pugna por salir, insuficiencia notoria de la política de inversiones en carreteras, con especial gravedad en relación con la conservación de las mismas -, pero otras son radicalmente distintas. En primer lugar, que la red de carreteras de cuya conservación estamos hablando no puede compararse a la de 1980, una etapa de penuria extrema.
Hoy, sin embargo, a pesar de que las políticas de inversiones públicas han sufrido también un recorte importante, sí ha habido en los vigentes Presupuestos Generales del Estado cantidades significativas para otro tipo de infraestructuras.
En España, como decía, tenemos actualmente una red de carreteras que, aunque necesita mejorarse sustancialmente, no se parece en nada, por fortuna, a la de 1980. Durante los 20 últimos años las inversiones en construcción han cambiado radicalmente el panorama, habiéndose creado un patrimonio viario cuyo valor se estima en 185.000 millones de euros; pues bien, es algo comúnmente admitido que una conservación adecuada exige una inversión anual del orden del 2% de ese valor, es decir, en este caso, 3.700 millones de euros.
Sin embargo, aún estamos muy lejos de ese porcentaje, cifrado en el 1,65% para la red del Estado, el 1,01% en el caso de la red autonómica, y el 1,12% en la red provincial.
Por citar una realidad más descriptiva si cabe, las inversiones en refuerzo de firmes han pasado de 580 millones de euros anuales en 2007 a 0 (cero) euros en 2010.
Esta reducción ha obedecido a causas políticas y seguramente también a causas psicológicas comunes a casi -y digo casi, para no ser tachado de fundamentalista- todos los políticos y es que les gusta mucho más el brillo de cortar cintas inaugurales que la grisura de la conservación.
Las infraestructuras viarias vertebran el territorio y, con él, a la sociedad, especialmente en el caso de la red secundaria. Porque son estas carreteras las que permiten que el ciudadano pueda llegar al médico, a la escuela, al juzgado, al registro... o a esas imponentes estaciones de alta velocidad o a esos aeropuertos faraónicos. Permítaseme la licencia populista para afirmar con rotundidad que hace un siglo invertir en carreteras era hacerlo en beneficio de los ricos. Hoy lo es primar la alta velocidad destinando a ella casi la mitad de las inversiones en infraestructuras, lo que representa el 1,2% del PIB, y con ello beneficiar a cuatro de cada 10.000 viajeros que se mueven por tierra.
Pero los problemas de nuestras carreteras no se agotan con atender debidamente las insuficiencias ya denunciadas en materia de conservación. Nuestras carreteras también se mueren:
l Porque la red secundaria necesita potenciarse en todos los sentidos para que siga cumpliendo su función social de vertebración del territorio y de acercamiento al ciudadano de los servicios sociales que paga con sus impuestos.
l Porque las autovías de primera generación necesitan con urgencia un acuerdo de punto final a su devenir siempre interrupto.
l Porque obras ya comenzadas se han paralizado, algunas encontrándose en un avanzadísimo estado de construcción, de suerte que su reanudación, cuando nuestros bienamados gobernantes (centrales, autonómicos y locales) entiendan la naturaleza del problema -o, si se me permite el casticismo: cuando se enteren de qué va esto- su coste superará en dos o tres veces el actual.
l Porque no se reponen las señales con la periodicidad requerida, aunque hayan perdido su reflectancia.
l Porque las marcas viales no se repintan desde hace muchos más años de los debidos, y en muchos puntos están deviniendo ilegibles.
La Asociación Española de la Carretera es consciente de la necesidad de reducir el déficit público como eje de la política económica de España; aceptamos, pues, resignadamente que en 2011 solo se dediquen a infraestructuras 13.000 millones de euros. Pero no podemos resignarnos a que esos escasos dineros se repartan de forma tan ajena a las necesidades reales de nuestra sociedad (solo un 20% para carreteras); o sea, de forma tan antisocial.
Dinero hay -poco, pero hay-; lo que urge es distribuirlo de otro modo. En caso contrario, la falta de inversiones en carreteras nos va a pasar una factura muy severa en unos pocos años -en muchas partes de nuestro territorio ya la está pasando-. En consecuencia, a nuestros beneméritos políticos (centrales, autonómicos y locales) no les quedará más remedio que afrontar los costes políticos del deterioro y de la necesidad ineludible de adoptar otras formas de financiación más impopulares.
Pero eso es otra historia, que decía Rudyard Kipling.
Miguel M.ª Muñoz Medina. Presidente de la Asociación Española de la Carretera