Una tarea que solo puede hacer España
Si la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, cumplen con lo prometido tras su reunión de este fin de semana en Berlín, la segunda ronda de capitalización de la banca europea deberá echar a andar antes de terminar el mes. Claro que en ese cálculo de calendario hay que tener en cuenta que quedan aún buen número de detalles -"trabajo técnico", en palabras de Sarkozy-, a perfilar antes de que se pueda hablar de un modelo franco-alemán para blindar el sistema financiero europeo. A falta de determinar la letra pequeña, la gran diferencia entre Francia y Alemania en este terreno se centra en torno al papel que desempeñará la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) en el proceso de recapitalización de las entidades bancarias. Mientras el Gobierno francés, con la presión de una banca gala fuertemente castigada en los mercados debido a su elevada exposición a la deuda griega, pretende que buena parte de ese proceso se haga a cargo del fondo de rescate, una Alemania a priori más confiada en que sus entidades puedan seguir acudiendo al mercado para cubrir sus necesidades de capital defiende que el FEEF aparezca solo como una solución de último recurso. Desde Bruselas algunas voces apuntan a una solución salomónica entre ambos extremos en forma de recapitalización mixta, con fondos nacionales y europeos.
Tal y como aseguraron ambos líderes tras su encuentro del domingo, la propuesta definitiva podría presentarse en la cumbre de la semana que viene en Bruselas, para lo que ayer se retrasó hasta el día 23. Pese a que todavía quedan otros aspectos pendientes de discutir, como el acuerdo sobre el programa de adquisición de deuda pública de la FEEF, ese compromiso constituye el primer paso para la puesta en marcha de un proceso de saneamiento financiero cuyo retraso ha evidenciado de forma explícita la falta de una verdadera cohesión política y económica en la eurozona.
Sea cual sea el modelo que el eje franco-alemán proponga finalmente para blindar la banca europea, ese compromiso no puede desligarse de la búsqueda de una solución definitiva a la crisis griega. No en vano, como han reconocido ambos Gobiernos, los dos extremos están estrechamente ligados y deberán, por tanto, ser resueltos de forma paralela. A estas alturas, y con unas perspectivas económicas que tienden a oscurecerse cada día que pasa, parece evidente que la crisis griega no puede resolverse ya por medio de curas parciales, sino haciendo uso de pulso firme y bisturí. Una operación de limpieza que exigirá renegociar la quita acordada el pasado julio con los acreedores privados de Atenas, fijada en un 21%, y elevarla a un porcentaje que podría llegar incluso al 50%. Si Alemania y Francia cumplen la hoja de ruta fijada el pasado fin de semana, buena parte de la crisis de deuda soberana que azota a la eurozona habrá comenzado a atajarse. Pero no toda la tarea corresponde a Berlín y París. Cada una de las economías de la eurozona debe apurar su propia lista de deberes tanto en materia de consolidación fiscal como de saneamiento de sus entidades de crédito.
En el caso de España, ese proceso pasa por apurar la reordenación de un sistema financiero cuyo retraso sigue pasando factura al conjunto de la economía española. Aunque el reciente anuncio de la opa de Banco Popular sobre Banco Pastor apunta a que el mapa bancario español se mueve más allá de la reestructuración de las cajas, no es suficiente para dar por terminado un proceso que ha despertado numerosas críticas -muchas de ellas justificadas- hacia la gestión del Banco de España y de su gobernador. La legitimidad de esas denuncias no debería, sin embargo, dejar de lado la necesidad de considerar su oportunidad y sus consecuencias en la coyuntura que vive actualmente España. El riesgo que supone demoler ante los ojos de los mercados la reputación de una institución como el Banco de España, que a lo largo de los años se ha ganado un sólido respeto en materia de independencia, es un factor que no puede ni debe minusvalorarse. La proximidad de las elecciones generales y, con ellas, de un cambio de Gobierno abre unas perspectivas de renovación que hacen innecesario ahondar en unas críticas que no solo dañan los cimientos del supervisor, sino también la imagen de España.