Fitch pone bajo supervisión negativa la filial luxemburguesa de Dexia
La agencia de calificación de riesgos Fitch ha puesto bajo "supervisión negativa" la nota "A+" de emisor a largo plazo de Dexia Banque Internationale (DBIL), la filial luxemburguesa del banco francobelga Dexia, informó hoy la compañía.
La agencia ha tomado esta decisión después del anuncio el jueves de que Dexia ha iniciado negociaciones exclusivas para vender su negocio luxemburgués, indicó en un comunicado.
Fitch argumenta que las calificaciones de la nota de Dexia Banque Internacionale se han visto apoyados por la "extremadamente alta probabilidad de respaldo a Dexia y, en consecuencia a DBIL, por parte de los Estados francés (AAA con perspectiva estable), belga (AA+ con perspectiva negativa) y luxemburgués (AAA estable) en caso de que fuera necesario".
Pero, añade que, "si Dexia vende DBIL, sus calificaciones no se beneficiarán más de este apoyo esperado". Fitch publicará la calificación definitiva de DBIL una vez que haya analizado el impacto de la venta del banco en sus notas.
El Gobierno luxemburgués dijo ayer que las negociaciones "están en estado avanzado", aunque Dexia aclaró que su Consejo de Administración se pronunciará "al final del período de exclusividad".
"Tras las discusiones iniciadas por el ministro de Finanzas, Luc Frieden, relativas a la DBIL, un inversor internacional está preparado para retomar la banca luxemburguesa en vista de su desarrollo como actor estratégico en el centro financiero de Luxemburgo", señala el comunicado del Gobierno.
"Visto el carácter sistémico de la DBIL, el Estado luxemburgués entrará como accionista minoritario en el capital del banco", añade. Las negociaciones podrían cerrarse aproximadamente dentro de un mes, afirmó hoy en una rueda de prensa el ministro de Finanzas luxemburgués, Luc Frieden.
Aunque ni el banco, ni el ministro dieron a conocer el nombre de los inversores interesados en adquirir la filial, los diarios económicos belgas De Tijd y L'Echo aseguraron que se trata del fondo soberano de Catar, que pagaría 900 millones de euros por la filial sin sus activos tóxicos.