Los sindicatos temen que los nuevos criterios recorten sus cuantías

El Gobierno revisa también las ayudas sociales a los funcionarios

El Ejecutivo ha decidido poner en revisión las ayudas sociales de 100 millones que perciben los trabajadores de la Administración general del Estado, para que se rijan por los mismos criterios. Pese a ser una iniciativa consensuada con los sindicatos, estos temen que se aproveche la medida para recortar, entre otras, las subvenciones para compra de libros, gafas o tratamientos médicos que no cubre la Seguridad Social.

Representantes de la Vicepresidencia del Gobierno de Política Territorial suscribieron en julio con todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), esto es UGT, CC OO, CSIF, USO, CIG y ELA, un acuerdo que no hace sino cumplir otro firmado en 2009. Se trata de unificar los criterios y el calendario bajo el cual se aplican los planes de acción social en cada ministerio.

¿Qué es un plan de acción social? Los 270.000 empleados de la Administración General del Estado (incluye agencias públicas, pero no empresas estatales ni organismos autónomos) tienen derecho a percibir una serie de ayudas para sufragar, por ejemplo, libros, cursos, gafas, lentillas, prótesis dentales y en general cualquier tratamiento médico que no esté sufragado por la Seguridad Social.

Estos trabajadores reciben una media de 400 euros por año en concepto de ayuda de acción social, según la información recopilada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO para el 52% de la plantilla. Del 48% restante no es posible conocer esa ratio porque el Gobierno aún no ha recibido los datos de buena parte de los ministerios y agencias públicas que conceden estas subvenciones. Es decir, que unos 140.000 funcionarios y empleados públicos se reparten un total de 56,73 millones de euros. Todo apunta, por tanto, a que el monto total de los planes de acción social de todo el personal de la AGE superará los 100 millones de euros.

Masa salarial

Fuentes del Ministerio de Política Territorial recuerdan que la acción social cuenta con dotación presupuestaria en cada ministerio y organismo y es objeto de negociación y acuerdo con los sindicatos de cada ámbito. En cuanto a los planes de futuro, "no hay ninguna previsión de recortar su dotación", añaden.

No obstante, desde CC OO temen que la revisión de cuáles son los criterios que aplica cada ministerio para conceder estas ayudas desemboque en un recorte de estas partidas. "El dinero destinado a acción social se vincula a la masa salarial, y aunque el compromiso era llegar al 1%, en pocos departamentos ministeriales se alcanza esa cifra. Y como además la masa salarial se ha reducido con los ajustes de 2010, allí donde toque ahora renegociar las cuantías, se hará a la baja", recuerda José Carlos Lázaro, de FSC-CC OO. La finalidad de este acuerdo es que en todos los ministerios se conceda, por ejemplo, la ayuda para guarderías o libros siguiendo los mismos baremos y que también se aplique idéntico calendario de solicitud y cobro de dichas prestaciones.

"Pretende evitarse que un trabajador que cambia de destino cobre en un solo ejercicio dos ayudas por el mismo concepto, pero de ministerios diferentes, o no cobre ninguna", explican fuentes sindicales. De cómo culmine esta negociación para fijar criterios y límites comunes dependerá que otras administraciones hagan lo propio. "No es de recibo que el mismo funcionario pida la ayuda a gafas todos los años", lamentan en una corporación municipal.

Fabra ve insostenible "jugar a ser miniestados"

De la misma manera que la Administración central busca fórmulas para optimizar el gasto, en las comunidades autónomas continúa abierto el debate sobre cómo aplicar los recortes. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, aseguró el viernes que el Gobierno central no puede responsabilizar a las regiones de la situación económica cuando ha sido él quien la ha "propiciado", aunque también criticó que las regiones "hemos jugado a ser miniestados" y esta situación es "insostenible".

En una entrevista en Onda Cero, apuntó que ante esta situación "no hay más remedio que coger las tijeras y todo aquello que hemos ido diseñando en cuanto a tamaño de la Administración, en cuanto a querer hacer miniestados, pues se ha acabado". Por contra, defendió que hay que hablar más entre comunidades autónomas y con otras administraciones para "evitar duplicidades", ya que recalcó que los ciudadanos "nos exigen ser responsables" con su dinero y "dejar de lado todo lo superfluo". Así, insistió en que cualquier inversión debe estar "pactada con todos" para conseguir "la máxima eficacia y eficiencia". "Si no, nos estaremos equivocando", advirtió.

En cuanto a la situación de las finanzas regionales, Fabra admitió que si el Gobierno les hubiera ingresado los 633 millones de euros que le reclaman por el fondo de competitividad, "no tendríamos la situación que tenemos". Sobre los recortes que se plantea efectuar, descartó ajustes en educación y sanidad y dijo que no contempla "la reducción del salario de los funcionarios". Por último, comentó que como Cataluña es una región limítrofe al norte, "hay que trabajar con ella porque muchos de sus problemas son comunes".

Los cambios

Cuestiones a abordar

-Selección: se plantea suprimir algunas ayudas obsoletas como la de compra de vivienda.

-Antigüedad: no se requerirá contar con un periodo de permanencia.

-Edad de hijos: tope de 26 años, salvo para aquellos con una discapacidad igual o superior al 33%.

-Ingresos: para las ayudas al empleado o a la formación de sus hijos se valorará su nómina; para el resto de subvenciones, el resto de ingresos de la unidad familiar.