Date por gravado
La maquinaria legislativa para establecer un impuesto sobre las transacciones financieras en Europa se puso ayer en marcha. Y todo indica que será bastante difícil pararla, hasta el punto de que el sector financiero, tras poner el grito en el cielo, parece dispuesto a estudiar la propuesta, aunque solo sea para intentar sacar las cuentas de otra manera.
En contra de lo que pueda parecer, la mayoría de las veces que la Comisión Europea aprueba un proyecto de directiva o de reglamento, el texto llega a su destino final. Puede eternizarse (como la patente comunitaria), desvirtuarse (como la directiva de opas) o transformarse radicalmente (como la directiva sobre el sector servicios). Pero casi siempre se convierte en ley. Sobre todo cuando cuenta con el apoyo de Alemania y Francia, como es el caso del nuevo impuesto.
En esta ocasión, además, el sector afectado cuenta con pocas vías de escapatoria. La supuesta amenaza de deslocalización resulta inverosímil en unas entidades que, en gran parte, se sostienen en pie gracias al respaldo de sus respectivos Estados.
El traslado de las operaciones a otros mercados tampoco libraría a las entidades europeas de liquidar el impuesto en su país de origen.
Y tampoco parece que los bancos puedan esperar la solidaridad de sus clientes, acostumbrados a soportar una comisiones comparables o muy superiores a los dos euros que supondrá, por ejemplo, el impuesto sobre una compra o venta de acciones por valor de 2.000 euros. De hecho, si gobiernos conservadores, como los de Merkel y Sarkozy, o una Comisión tan liberal como la de Barroso, han apostado por versionear la tasa Tobin, se debe en gran parte a la popularidad de la iniciativa.
A favor del sector juega el hecho de que las próximas presidencias semestrales de la UE (Dinamarca, Chipre, Irlanda, Lituania) no parecen, a priori, las más idóneas o dispuestas a impulsar una tasa tan polémica. Y tampoco cabe descartar que los dos principales defensores, Sarkozy y Merkel, desaparezcan del mapa político durante el proceso de tramitación (que, como muy pronto, podría concluir en 2012 o 2013).
Pero el proyecto de directiva también puede encontrarse con un viento de cola que la favorezca. Por lo pronto, la indudable necesidad de recursos por parte de la mayoría de los Estados, que se hará más acuciante durante los meses de tramitación. Y el presidente de la CE ya reconoció ayer que no se puede gravar mucho más ni el trabajo ni el consumo.
La popularidad de la tasa también aumentará si, como parece cada vez más inevitable, los gobiernos europeos deben apuntalar de nuevo con recursos públicos al tambaleante sector.
Por otro lado, si se produce el cambio político en Berlín y/o París, lo más probable es que sea hacia la izquierda.
Y en cuanto al supuesto obstáculo insoslayable de Londres, que rechaza la propuesta, no debe olvidarse que se trata de un punto de partida en la negociación. Reino Unido también rechazó la armonización de la fiscalidad del ahorro y acabó aprobándose (salvo para Luxemburgo, Austria y Bélgica). Además, la autonomía de la zona euro cada vez es mayor y más temprano que tarde empezará a tomar sus propias decisiones sobre impuestos.
De modo, que quizá la tasa Tobin no llegue a aprobarse tal y como se aprobó ayer en Estrasburgo. Pero parece claro que los banqueros europeos tendrá que pasarse por Hacienda para que les digan lo que deben. C'est la vie.