La sanidad pública llega a todos los profesionales
Unas 250.000 personas -entre profesionales autónomos de distintos ámbitos y desempleados que hayan agotado la prestación- tendrán acceso a la cobertura sanitaria pública después de la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Sanidad Pública. En el caso de los profesionales, afecta a arquitectos, abogados o médicos que tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad propia de su colectivo.
Dado que la Seguridad Social ya no se nutre solo de las cotizaciones de los afiliados sino también de los Presupuestos del Estado, se ha extendido a todos los profesionales que cotizan en regímenes especiales la cobertura sanitaria pública. La fecha de entrada en vigor de estos nuevos derechos para los profesionales se conocerá antes de seis meses, cuando se reglamentará los plazos.
La ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, Leire Pajín, destacó ayer la aprobación de esta ley por "el gran consenso" que ha conseguido entre "políticos y de profesionales". En cuanto a su contenido, resaltó que su universalización que conseguirá dar cobertura a 250.000 personas que hasta ahora no tenían acceso a ella.
"Es absurdo que haya colectivos que no tienen derecho a la sanidad pública cuando están pagando los mismos impuestos", reconoció el presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, Josep Maria Esquerda. Durante la tramitación en el Senado se presentaron un total de 126 enmiendas al texto. En la Cámara Alta la ley fue aprobada en el pleno del 14 de septiembre con los votos favorables de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo. Ayer, en el pleno del Congreso, el texto recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Nuevas realidades
En líneas generales, el nuevo texto tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
Así, la ley asevera que, si bien el actual sistema sanitario es uno de los que gozan de mejores indicadores del mundo, concluye que hay que considerar las nuevas realidades de cara al futuro, y que exigen una anticipación. Tal es el caso del envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares, el uso de las nuevas tecnologías, el sedentarismo y la inmigración, entre otros factores.
Los actuales servicios sanitarios y sociales, argumenta la ley, solo serán sostenibles si se aseguran a la población los mejores niveles de salud y autonomía con la máxima garantía de igualdad.
Reconocimiento sanitario a los psicólogos
La Ley General de Salud Pública aprobada ayer en el Congreso desatasca una reivindicación histórica del colectivo de psicólogos, integrado por 55.000 profesionales colegiados en toda España. La norma les concede la consideración de profesionales sanitarios -la denominación es Psicólogo General Sanitario- siempre y cuando a la licenciatura o grado en psicología añadan el título oficial de máster en Psicología General Sanitaria. Los psicólogos llevaban ocho años demandándolo.Este reconocimiento supone "un avance muy importante" para la profesión, explica Fernando Chacón, presidente del Colegio de Madrid y vicepresidente del Consejo de Colegios de Psicólogos. El 70% de los psicólogos de España trabaja en el ámbito sanitario o desea hacerlo a pesar de que no estén reconocidos como profesionales sanitarios. Chacón asegura que con la nueva ley se dan mayores garantías al ciudadano ya que se exige a los psicólogos cursar un máster, y supone una salida laboral para los profesionales.Gracias a una enmienda introducida en el Senado, los psicólogos que estén trabajando ahora en este ámbito podrán seguir haciéndolo tres años más en tanto los másteres se van poniendo en marcha. Durante este tiempo, el colectivo intentará persuadir al Gobierno de que tenga en cuenta los años de experiencia para convalidar créditos del máster. Hasta ahora los profesionales que trabajaban en el ámbito sanitario privado estaban "en el limbo". Afectaba a, entre otros, psicólogos con consulta particular o de centros de reconocimiento de conductores. Desde la publicación en el BOE, el Gobierno dispondrá de seis meses para establecer las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio para la obtención del máster y la planificación de sus enseñanzas en el ámbito del Estado.