La familia Ruiz-Mateos se enfrenta al embargo cautelar de sus bienes
La familia Ruiz-Mateos se enfrenta al posible embargo cautelar de sus bienes por el "agujero" patrimonial de 618,26 millones de euros en Dhul, unas de las empresas que conforman el grupo Nueva Rumasa, después de que 34 inversores en pagarés hayan solicitado judicialmente que se tome esta medida.
En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, los afectados reclaman que la administración concursal de Dhul inicie esas acciones contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez.
Los inversores, asesorados por el despacho catalán Llort Abogados, consideran que "resulta difícil encontrar un supuesto más evidente que el presente que haga necesario la adopción del embargo preventivo" de bienes, ya que el concurso de acreedores de Dhul acabará presumiblemente en liquidación y con la familia Ruiz-Mateos declarada culpable de la insolvencia del fabricante de postres.
El escrito se basa en las supuestas irregularidades que, según la administración concursal, han cometido los integrantes de la familia, como alteraciones contables, salida injustificada de fondos hacia otras sociedades del grupo y estrategias para sacar provecho de la marca al registrarla a nombre de otra sociedad.
"Si hay una conducta determinante de la culpabilidad es la detracción sistemática e inmediata de toda liquidez que Grupo Dhul consigue generar", argumenta el despacho de abogados.
También critica el hecho de que "los administradores sociales hayan diseñado una estrategia para poner a salvo uno de los activos de mayor transcendencia de la compañía, la marca", que es propiedad de la sociedad Lerton Holding, radicada en Belice.
Para justificar la necesidad del embargo cautelar de bienes, los inversores recuerdan que José María Ruiz-Mateos ha emprendido acciones para deshacerse de supuestos bienes y derechos a su nombre.
En concreto, citan la cesión de la teórica indemnización que le debe pagar el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa, aunque los afectados reconocen que esa maniobra es más bien "un brindis al sol".
El pasado mes de mayo el Ministerio de Economía y Hacienda aseguró que el Estado español no debe nada al empresario, ni a su familia, ya que las acciones legales emprendidas por éstos por la expropiación de Rumasa han sido rechazadas repetidamente por los tribunales de Justicia.
Los afectados también echan en cara a la familia la última de sus "extravagantes maniobras" consistente en vender el grupo a la sociedad Back in Business, de Ángel de Cabo, conocido por haber agravado la insolvencia de Marsans.
"No se acaba de comprender la finalidad última (de ser cierto) de la transmisión de las sociedades por cero euros (...). Si bien, un tanto ingenuamente, todo parece apuntar a que (respecto a las sociedades José María Ruiz Mateos e Inversiones Ruiz-Mateos) los administradores sociales pretenden eludir sus responsabilidades concursales", argumenta desde Llort Abogados.