Castellano aterriza en México para atraer inversores privados
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoya la iniciativa y se reunirá a finales de semana con empresarios.
Empieza la cuenta atrás. El presidente de Novacaixagalicia, José María Castellano, redobla esfuerzos para atraer capital privado a la caja gallega y esta semana ha viajado a México para explicar el proyecto de la entidad a un grupo de inversores potenciales. Una iniciativa en la que también se embarcará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidirá a finales de semana en una reunión con empresarios.
Castellano tiene previsto reunirse con destacados inversores con raíces gallegas como los hermanos Vázquez Raña, Mario y Olegario, dueños de medios de comunicación y relacionados con el turismo o la salud; la familia Azcárraga o los Salinas, propietarios de un grupo con negocios en la banca, la telefonía o la televisión.
El Banco de España inyectará a Novacaixagalicia antes del próximo 30 de septiembre los 2.465 millones de euros que le hacen falta a la caja gallega para cumplir los requisitos de solvencia, con lo que controlará entre el 80% y el 90% del capital, dependiendo de la valoración final que se haga de la caja. A partir de entonces se abrirá un plazo de tres meses para la entrada de inversores privados, que podrían comprar su participación al fondo estatal. Un acuerdo que permite a la caja gallega ganar tiempo para ratificar posibles compromisos de compra. Fuentes próximas a la entidad aseguran que al menos cinco fondos internacionales, una entidad y una veintena de empresarios gallegos han manifestado su intención de invertir en la caja. En los próximos días los directivos trabajarán para buscar más apoyos.
Una caja gallega
El portavoz nacional de BNG, Guillerme Vázquez, propuso ayer que sea la Xunta la que nombre a los representantes que le corresponden al FROB en el consejo de NCG Banco. Reclamó también al Gobierno gallego que busque una estrategia para lograr que el 51% del capital quede en manos gallegas, algo difícil pues implicaría sumar al 15% que pudiera llegar a controlar la matriz, un 36% de aportación del Gobierno autonómico y el sector privado gallego.