Las empresas llevan meses esperando los pagos por disponibilidad

La CNE rechaza la orden de Industria que compensa a centrales térmicas

El regulador energético ha aprobado un dictamen muy crítico sobre la orden que incluye el llamado pago por disponibilidad que las centrales de gas y carbón de importación cobrarán por el perjuicio ocasionado por los decretos del Gobierno de apoyo al carbón nacional. Las eléctricas afectadas vienen presionando desde hace meses para su aprobación, que haría subir la tarifa eléctrica del último trimestre.

Central de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa.
Central de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa.

El primer dictamen de un asunto relevante para las grandes eléctricas aprobado por el nuevo consejo de la Comisión de Energía (CNE) ha supuesto un jarro de agua fría para Industria y, en menor medida, para las afectadas. Sin ocultar un cierto desasosiego, estas confían en que, pese al informe negativo, el ministerio aprobará la norma en cuestión, esto es, la orden que desarrolla el servicio de disponibilidad de los llamados pagos por capacidad. Su objetivo es compensar este año el lucro cesante de las centrales térmicas marginales (gas y carbón de importación) que han sido desplazadas por las plantas de carbón nacional que han sido incentivadas por el Gobierno, tras el parón que sufrieron con la crisis.

Fuentes próximas a Industria declinaron hacer comentarios sobre el informe del regulador alegando que aún no lo han recibido. Y, aunque no es vinculante, el rechazo frontal que plantea le obligaría a explicar una decisión en contra. El informe considera que la propuesta no es urgente ni necesaria y carece de fundamento porque es transitoria (en principio, para el segundo semestre del año); carece de una metodología y es discriminatoria, ya que afecta solo a algunas tecnologías.

El mecanismo de pagos por capacidad (por invertir o por tener centrales disponibles que cubran las puntas de demanda a un precio razonable) es una compensación a lo que las empresas reciben en el mercado y se justifica, según la CNE, por el riesgo de falta de capacidad, del suministro de energía o de la escasa interconexión.

Subida de tarifa

Son situaciones que se pueden dar en España, pero no es el caso actual en que hay sobrecapacidad (los ciclos combinados funcionan al 40%) y no existe peligro de falta de suministro. Por tanto, y teniendo en cuenta que lo que pretende la orden es evitar de forma transitoria el cierre de centrales, la propuesta "no parece apremiante ni necesaria", según el dictamen, que "desaconseja" su aprobación y pide que se mantenga la regulación vigente desde 2007, que ha sido respaldada por el consejo de reguladores del Mibel.

Con todo, el regulador es partidario de un mecanismo adecuado de pagos por capacidad, que existe en muchos países, y se ofrece a elaborar una propuesta en seis meses, teniendo en cuenta "la actual coyuntura de capacidad disponible y el elevado déficit de tarifa".

La CNE calcula en su informe que el coste adicional de la medida a los actuales pagos por capacidad (unos 600 millones de euros) sería de 140 millones en el segundo semestre a pagar en la tarifa de acceso. En 2007, el Gobierno transformó el llamado mecanismo de garantía de potencia en el de pagos por capacidad (incentivos a la inversión a largo plazo y a la disponibilidad). Aunque este último estaba por desarrollar, se siguió recaudando en la tarifa, hasta 500 millones. Como el Gobierno decidió el año pasado liquidarla para reducir el déficit, los nuevos pagos deben incluirse ahora en la tarifa de acceso, que debería subir en el último trimestre.

Un compromiso con las grandes eléctricas

El reglamento sobre los pagos por disponibilidad fue remitido por Industria a la CNE a principios de junio para su informe. La demora, pese a tratarse de una medida temporal para este año, se ha debido al relevo del consejo de la Comisión, que se completó en julio. La propuesta de orden ministerial cumple con el compromiso adquirido a finales del año pasado por el Gobierno con las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, para que estas retirasen los pleitos en varios tribunales (el Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de la UE, en Luxemburgo) contra los decretos que imponían a las empresas la producción obligatoria con carbón nacional a un precio regulado.

La crisis de la demanda y la falta de competitividad de las plantas de mineral autóctono, las dejó sin funcionar durante más de un año, lo que llevó al Gobierno a aprobar unos incentivos, que la Comisión Europea autorizó como ayuda de Estado. Las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas podrían haber bloqueado unas medidas, que, por su parte, reclamaban en la calle los mineros. La propia CNE fue muy crítica con la decisión del Gobierno, lo que explicaría también la posición negativa sobre la orden ahora dictaminada. En definitiva, por tratarse de un parche que ahonda en los errores anteriores.

En las últimas semanas las eléctricas habían reforzado sus presiones para que el consejo del órgano regulador aprobase su dictamen, al margen de que fuese o no crítico a sabiendas de que no es vinculante. También el ministerio, que ya puede aprobar el reglamento, hizo lo propio. Queda por ver si la norma será retroactiva, esto es, si se pagará el incentivo de todo el año 2011 o solo de los meses que quedan hasta que acabe el año.

Las cifras

140 millones de euros es el coste en el semestre en la tarifa de la compensación ofrecida a las centrales.

3.150 euros/MW es el pago por disponibilidad para las centrales de gas que propone la orden de Industria y 20.750 euros/MW recibirían las de carbón en general.