Las prisas del impuesto sobre Patrimonio
El Gobierno ha mostrado tanta precipitación para restablecer el impuesto sobre el Patrimonio como mostró en su día para eliminarlo. Y la precipitación conlleva errores y zonas oscuras: ¿Puede cobrarse sobre el patrimonio de 2011 si la norma se aprueba en septiembre de este mismo año, cuando los impuestos no pueden tener carácter retroactivo? ¿Tiene algún sentido echar mano de este impuesto, como parcialmente de otros muchos desde que empezó la crisis, sin repensar todo el sistema financiero? ¿Cómo se valorarán los activos immobiliarios para determinar la base imposible?
La reactivación de este tributo está en línea con la doctrina practicada en casi todos los países europeos desde que la crisis comenzó a apuntar al sistema financiero como uno de los culpables de la recesión. Finalmente, y ante la presión del candidato socialista a las elecciones, el Gobierno lo restablece para que las comunidades autónomas recauden unos 1.100 millones de euros más cada año, aunque públicamente sus gestores cacareen que no piensan aplicarlo: lo aplicarán religiosamente para atender sus penurias financieras, y evitarán el desgaste político que supone subir un impuesto, y más en este caso, pues se trata de una figura con la que la derecha no comulga.
La precipitación ha generado un baile de cifras sobre qué patrimonio debe tributar, qué mínimos exentos se establecen, qué sistemas de valoración se utilizan. Pero sobre todo sigue en el aire la posibilidad de que su aplicación en 2011 ofrezca dudas jurídicas por el supuesto carácter retroactivo del impuesto. No obstante este asunto lo resuelve Hacienda indicando que en 2011 se cobrará fijando como base imponible el patrimonio acumulado a 31 de diciembre de 2010.
Pero lo más llamativo es que un Gobierno presidido por un presidente que no se someterá de nuevo al sufragio de la ciudadanía, así como la vicepresidenta primera y ministrad de Hacienda, aprueben un impuesto por un decreto, con carácter de urgencia, y que estará en vigor con carácter excepcional durante sólo dos ejercicios. Y que, como en otras muchas decisiones fiscales, no se encuadre en el contexto de un debate sobre la fiscalidad en el país.
Desde luego que si España precisa de 60.000 millones de euros para cuadrar su presupuesto, que serán más, la mitad deberá llegar por el avance de los ingresos, y la otra mitad por el recorte de los gastos. Pues sólo conocemos hoy una subida de marcado carácter ideológico e innegable intencionalidad electoral, que aportará mil millones de euros: un 0,1% del PIB. ¿No sería más razonable estudiar qué hacer con todos los impuestos, forzar subidas generalizadas en los que de verdad producen ingresos, repartir la carga de la recomposición de las finanzas del Estado, y espetar todos los tributos que afecten más directamente en la actividad económica?. Digo yo.