Será el impacto anual en capital de aislar la actividad minorista

Las nuevas normas costarán hasta 8.100 millones a la banca británica

La Comisión Independiente para la Banca presentó ayer su reforma regulatoria de la banca británica, que separa la actividad de banca comercial de la de inversión y para la que se calcula un coste anual de entre 4.600 a 8.100 millones de euros. El Gobierno debe ahora precisar la fecha de aplicación.

Las nuevas normas costarán hasta 8.100 millones a la banca británica
Las nuevas normas costarán hasta 8.100 millones a la banca británica

Tres años después del estallido de la crisis subprime, que intoxicó el balance de la banca británica y provocó la nacionalización de gigantes del sector, ha quedado lista la nueva regulación financiera con la que prevenir nuevas crisis. La Comisión Independiente para la Banca (ICB, en sus siglas en inglés) anunció ayer la reforma del sector, si bien los términos y el calendario definitivo para su aplicación deben ser concretados por el gobierno de David Cameron.

Las recomendaciones de la Comisión se centran en la separación estricta de las actividades de banca minorista de las de banca de inversión, de modo que se cree un "anillo de protección" en torno al negocio comercial básico, de cuentas corrientes, ahorro e hipotecas. El coste de esta normativa, a la que ha mostrado su oposición el sector bancario, oscilaría entre los 4.000 y los 7.000 millones de libras anuales (de 4.600 a 8.100 millones de euros), según cálculos de la Comisión. Es la factura de reforzar el capital que requiere esta reestructuración, ligeramente inferior a los 10.000 millones de libras que habían anticipado los bancos.

El ministro de Economía, George Osborne, calificó el documento de "impresionante" y dijo que es "un paso importante hacia un nuevo sistema bancario que apoya los préstamos a las empresas y a las familias, la economía y el empleo, pero no cuesta millones de libras al contribuyente cuando las cosas van mal". El Gobierno debe decidir ahora cómo y cuándo aplicará las recomendaciones de la comisión, que aconseja que la reforma debería completarse antes de 2019, en línea con Basilea III.

Ese plazo de tiempo ya fue recibido con alivio por los bancos británicos la semana pasada, cuando empezaron a filtrarse los detalles de la nueva regulación. Aunque también ha despertado las críticas. Por una parte, un portavoz del sindicato Unite, David Fleming, se quejó de que la fecha límite de aplicación de 2019 queda muy lejos y permitirá a los bancos "maniobrar" para eludir las restricciones. Y en el otro extremo, la Confederación de la Industria Británica (CBI) criticó la reforma al valorar que se traducirá en un aumento del coste de los préstamos a empresas, mientras la Asociación de banqueros instó al Gobierno a considerar el coste para los bancos y el efecto que la reorganización tendrá "para la recuperación de la economía".

El negocio minorista del banco deberá contar con una capitalización mínima del 10%, frente al 7% exigido por Basilea III, mientras que para las actividades de banca de inversión no especifica una ratio, sino que apunta la necesidad de ajustarse a los "estándares internacionales". Además, los grandes grupos deberán tener un fondo de capital primario de entre el 17% y el 20% para afrontar posibles pérdidas.

Alivio relativo en Bolsa

Las entidades británicas no fueron ayer las más castigadas en Bolsa, a pesar de que la nueva regulación propuesta por la Comisión Independiente de banca establece requisitos que van a elevar las necesidades de capital del sector. Así, en una jornada en la que las ventas se cebaron en el conjunto de la banca europea a causa de los graves problemas que afronta Grecia para hacer frente a los pagos de su deuda, el castigo para la banca británica fue más moderado. Royal Bank of Scotland o Lloyds, aún parcialmente nacionalizados, reaccionaron en la mañana con descensos superiores al 5%, que sin embargo se suavizaron al cierre en caídas respectivas del 3,4% y 1,55%. HSBC, centrado en banca de inversión perdió el 2,3%, y Barclays, el 1,63%. El coste previsto de la nueva normativa es inferior a lo calculado en principio por el propio sector, que ha logrado además que el plazo para la aplicación de las nuevas exigencias sea hasta 2019, en línea con el calendario establecido para la implementación definitiva de Basilea III.