El aún desenfocado debate fiscal

De un país donde quien pasa de comprar un chalet de 1,5 millones de euros a uno de tres millones recibe (o recibía) subvención no puede esperarse demasiado en materia fiscal. Pero, como quiera que el Gobierno (o el PSOE, o alguien) ha optado por recuperar el impuesto de Patrimonio, no está de más aprovechar la apertura del melón para reflexionar.

El debate fiscal en España exige un poco más de tiempo que discutir sobre si hay que recuperar Patrimonio o subir el IRPF. El problema real está, como explicaba ayer nuestro compañero Jaume Viñas, en que en España paga más impuestos quien gana 80.000 euros (tipo efectivo del 30%) que quien gana 600.000 (el 27,2%). La diferencia se explica por la diferente tributación de los rendimientos del capital (al 21%) sobre los del trabajo (hasta un máximo del 45%).

Pero la política de subvenciones (a compra de vivienda, a aportaciones a planes de pensiones, etc) no afecta solo al IRPF. También en el periódico hemos explicado que una pequeña empresa recién creada paga íntegramente el tipo de sociedades (aunque sea el reducido) mientras los gigantes del Ibex, entre deducciones por I+D, fondos de comercio y buenos abogados, casi 10 puntos menos. El tipo efectivo para una pyme que ingresa menos de 10.000 euros es del 25,2%. Si ingresa más de 1.000 millones, del 16,9%. Muy razonable, ¿verdad?

En la memoria de beneficios fiscales de los presupuestos generales del Estado se pueden cuantificar algunos vicios del sistema (gracias, eso sí, al compañero Viñas, que nos indica dónde mirar). En 2010, 4.400 millones de euros, se dedicaron a subvencionar la compra de vivienda. Por si alguien no lo recuerda, esta subvención se aplica a cualquier comprador, sea cual sea el precio y no se limita a la primera vivienda; según se va mudando de una casa a otra sigue arrastrando la subvención (siempre que esté hipotecado), de ahí que si alguien se compra una casa de tres millones de euros, quien no haya comprado piso porque no tiene dinero le subvenciona una parte vía IRPF.

Además de esta subvención indirecta a propietarios de suelo, promotores y sector bancario, hay una fortísima subvención a gestoras de pensiones. 1.450 millones de euros del erario público se destinaron a fomentar la contratación de planes de pensiones, otra medida profundamente regresiva que ha viciado el mercado hasta el punto de que los planes se venden solo en diciembre y a cambio de sartenes o jamones. Y que solo beneficia, obviamente, a quien tiene 10.000 euros listos para invertir a final de año, es decir, rentas altas.

Los 2.500 euros por nacimiento, por el contrario, costaron 1.093 millones. Eso sí, los famosos 400 euros, quizá el mayor error de política económica del PSOE (después de su tolerancia con la burbuja del ladrillo), supusieron 5.800 millones en 2009.

Capítulo aparte merecen los “eventos de interés especial”, deducciones por patrocinios y demás que restaron al erario público 163 millones en 2010 y 263 en 2011. Entre ellos, este 2011 estarán la Barcelona World Race, Guadalquivir Río de Historia, el Symposium Conmemorativo del 90 Aniversario del Salón del Automóvil de Barcelona 2009 (sin entrar en el “interés especial” de celebrar este 90 aniversario, recordemos que la subvención se aplica a 2011) o el Año Jubilar Guadalupense.

Todo eso, sin entrar en la fiscalidad de las Sicav o las sociedades de tenencia de valores o la lucha contra el fraude fiscal. Miguel Sebastián propuso, antes de llegar el PSOE al gobierno, un tipo único para rentas del trabajo, del capital y sociedades y rentas del capital. La propuesta se olvidó y, lo que es peor, se acabó también el debate. Ojalá ahora, aunque sea por fuerza mayor electoral, el debate impositivo esté para quedarse.

Porque, aunque sea divertido criticar a Grecia por su sistema fiscal, no estamos aquí para dar muchas lecciones. En el blog de Fedea Nada es gratis (que no es muy sospechoso de marxismo-leninismo) han escrito una serie de artículos sobre la fiscalidad en España. Detallan, por ejemplo, que la base imponible media de un asalariado es de 19.000 euros y la de un autónomo o profesional 8.000. Añaden que el efecto de redistribución de los impuestos es en España (medido por el efecto de la fiscalidad sobre el índice de Gini) siete puntos inferior al de Europa. Y hacen propuestas: “…subir, otra vez, el IVA y otros impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes), reducir la progresividad de la imposición sobre las rentas del trabajo, elevar la presión fiscal sobre las rentas del capital y de actividades profesionales y empresariales, e introducir mecanismos de elegibilidad y de copago en programas de gasto público, de manera que este se dirija mayor medida hacia aquellos que más lo necesitan y, así, aumente su capacidad redistributiva”.