La fiscalía investiga las tarifas de notarios y registradores

La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para determinar si notarios y registradores están aplicando unas tarifas por encima de lo que establece la ley en caso de cancelación de hipotecas. La investigación se produce después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunciara el 6 de septiembre que cobran "de más" a sus clientes, hecho que denunció a la fiscalía.

Según la OCU, desde que entró en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria en diciembre de 2007, notarios y registradores podrían haber cobrado de más unos 93 millones. La organización ha pedido a Justicia y a la fiscalía que ordenen a fedatarios y registradores revisar las facturas desde 2007 y la devolución, en su caso, de las cantidades "indebidamente cobradas".

En 2007 se aprobó una rebaja arancelaria para abaratar la cancelación. El Consejo General del Notariado dijo ayer que el análisis de la OCU "no puede extrapolarse a la totalidad de los notarios y cancelaciones hipotecarias de 2010". Añade que los notarios deben aplicar la doctrina de Justicia, que sostiene que las cancelaciones son documentos sin cuantía.