Más cotización para los contratos temporales

El PSOE propone un "gran pacto de rentas" en su borrador de programa electoral

Entre las promesas electorales del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba destacan la conexión de los sueldos con la productividad, que coticen más quienes usen más contratos temporales, revisar las normas hipotecarias y estudiar la dación en pago

El PSOE propondrá de cara a las próximas elecciones generales "un gran pacto de rentas" en el que participen empresarios y sindicatos para que, entre otras cosas, los incrementos salariales no estén ligados sólo al IPC, sino también a la "evolución de la productividad" y las condiciones de cada sector. Además, piden que los sueldos tengan un trato "paralelo" a las retribuciones de los directivos, para frenar el "indecente espectáculo" de que mientras el empleo se controla o se recorta se repartan pensiones o beneficios "escandalosos".

Así lo recoge el equipo del candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el borrador de la ponencia marco, que el PSOE estudiará en su Conferencia Política del 30 de septiembre al 2 de octubre. Ese borrador está sometido a enmiendas hasta el 20 de septiembre. El documento y enmiendas, que son sólo una "base" del futuro programa electoral, se analizarán en la Conferencia.

En este 'embrión' de programa electoral, el PSOE ofrece "revisar el régimen hipotecario" para garantizar la independencia de las tasadoras y estudiar la dación en pago para liquidar la deuda. Propone también prohibir, considerándola publicidad ilegal, la que presente las condiciones de los créditos en distinto relieve o diferentes tipos de letra y establecer tipos máximos para los intereses de demora.

Sobre el impuesto a los bancos anunciado por el candidato, el documento no precisa el tipo impositivo, pero sí adelanta que gravará los pasivos -como son las cuentas de clientes- descontando el capital propio, las transacciones intragrupo y los depósitos asegurados. No se implantará hasta que los bancos hayan finalizado su reestrucuración y, respecto a éste, se compromete a que cuando el Estado entre en el capital de alguna entidad para capitalizarla, se hará una "buena gestión" que favorezca el crédito a las pymes.

En el capítulo fiscal, habla de "ordenar" el sistema, promoviendo una "nueva fiscalidad" para que los que "más tienen, contribuyan de forma más visible". En este contexto, plantea crear un impuesto sobre las grandes fortunas, de manera que si el actual Ejecutivo finalmente recupera el impuesto sobre el patrimonio que eliminó en 2008, el que propone Rubalcaba "elevará los tipos para los patrimonios más altos" y cambios para que no recaiga "sobre las clases medias".

Esa nueva fiscalidad focalizará los incentivos en el apoyo al emprendimiento", incluirá una "fiscalidad verde", combatirá "las actuaciones de planificación fiscal abusiva" y reforzará la lucha contra el fraude coordinando elementos de la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social.

En un capítulo específico dedicado a la "urgente" necesidad de crear empleo, el equipo de Rubalcaba llama a abordar "un gran pacto global de rentas con participación del sector público y del sector privado" en el que se contemplen acuerdos sobre los salarios, pero también compromisos empresariales de reinvertir beneficios en las propias compañías, en crear empleo y racionalizarlo y en que la evolución de los sueldos de los trabajadores tenga trato "paralelo" a la de los sueldos de los directivos.

Además, esboza propuestas para poner fin a una temporalidad "insana" pero "arraigada", como definir mejor las causas legales de los contratos temporales, simplificar sus modalidades o aproximar los contratos indefinidos y los contratos temporales, "incluida la incorporación creciente de cláusulas bonus-malus respecto de la cotización a la Seguridad Social y, en concreto, en la cotización por desempleo". Se trataría de redistribuir la cotización para que, "manteniendo un tipo medio similar al actual, paguen más quienes hagan mayor uso de los contratos temporales, y menos las empresas que mantengan mayor estabilidad del empleo".

El documento defiende las actuaciones del actual Gobierno en materia de empleo aunque reconoce su "resultado agridulce" y también la reforma laboral, ya que cree que no se le ha "dado tiempo alguno para comprobar sus efectos reales" y que "las circunstancias económicas, que no terminan de cambiar con claridad, tampoco han favorecido su recorrido práctico".

Según el PSOE, la legislación laboral es terreno para el "debate ideológico" porque la derecha defiende contrato único, flexibilidad absoluta "en contratación, en condiciones, en extinción", eficacia limitada de los convenios, acuerdo directo entre empresario y sus trabajadores, reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, sustitución creciente de relaciones laborales por relaciones de servicios de trabajadores autónomos y "marginación, exclusión y demonización de los sindicatos".

En este capítulo, sostiene que "deberían revisarse algunos elementos de las políticas pasivas", como las "condiciones que puedan desincentivar la búsqueda de empleo", o "activar en forma de estímulo al empleo el gasto en prestaciones por desempleo sin que se alteren" los derechos de los desempleados.

Además, se propone combatir y aflorar el empleo sumergido y avanza que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se reorganizará, será uno de los pocos ámbitos de oferta constante y relevante de empleo público.

Junto a sus planes de empleo para jóvenes -con y sin formación- habla también de planes sectoriales para energías renovables, tecnologías de la información, biotecnología, aeroespacial, ecoindustrias, agroalimentación, construcción, turismo sostenible, transporte, industrias culturales y servicios sociales.

Por otro lado, se propone fomentar la cultura emprendedora -una de las prioridades que más repite el PP-. Con ese objetivo, propone "un sistema fiscal ventajoso para los proyectos de emprendimiento en sus fases iniciales", "construir una nueva cultura de confianza y tolerancia al fracaso", reformar el ICO para simplificar y priorizar sus líneas, elevar las bonificaciones a autónomos que inician su actividad y extender este tratamiento favorable a las sociedades de reducido tamaño y menos de tres años actividad.