TRIBUNA

Un sistema fiscal hecho añicos

En los últimos años, los dos partidos políticos mayoritarios se han dedicado a introducir modificaciones en el sistema tributario. Llama poderosamente la atención que siempre se ha hecho haciendo guiños a los mismos, a las grandes fortunas y a las rentas de capital. El resultado de todo ello es que nuestro sistema fiscal es tremendamente injusto, incumpliendo los principios de justicia y progresividad que se contemplan en el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

Hay numerosos ejemplos de actuaciones irresponsables de nuestros políticos en materia tributaria, pero hablemos de algunas. Cuando la crisis no existía, y no estábamos sometidos a la actual dictadura de los llamados mercados, se decidió que las rentas del ahorro -que incluían incomprensiblemente a los beneficiarios de grandes pelotazos de todo tipo, como los inmobiliarios- debían tributar en el IRPF a un tipo del 18%, mientras que el tipo de las rentas del trabajo y profesionales podía llegar hasta el 43%.

Otro ejemplo se refiere a lo que muchos pensamos que es la mayor vergüenza fiscal de nuestra democracia. Estamos hablando de las Sicav; esos instrumentos de inversión y de ganar dinero que utilizan nuestras grandes fortunas y que tributan solo al 1%. Cuando la Inspección de Hacienda descubrió que estas grandes fortunas estaban haciendo trampa para cumplir los requisitos que se les exigían, los dos partidos mayoritarios acudieron en su ayuda, proporcionándoles una amnistía que provocó la anulación de miles de millones de euros en liquidaciones que ya estaban realizadas. Además, se le quitó a la Inspección la competencia para verificar su situación tributaria, para que esas grandes fortunas no pudieran ser importunadas en el futuro. El argumento político utilizado para justificar esa decisión fue que si se les molestaba había un riesgo probable de que cogieran el dinero y lo sacaran del país. Curioso argumento ya que esa normativa tan favorecedora no les exige que el dinero esté invertido en valores españoles.

El tercer ejemplo flagrante se refiere a la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Sobre este particular no quiero extenderme, ya que ahora está de moda recuperarlo, pero no olvidemos que ha supuesto un regalo de más de 2.000 millones de euros cada año.

Se pueden citar más ejemplos de despropósitos en las decisiones políticas, como ciertas normas aprobadas en los últimos tiempos, que favorecen la tributación en España de los fondos de inversión situados en paraísos fiscales, en contradicción con las grandes, e hipócritas, declaraciones de políticos españoles y europeos, señalando que les iban a declarar la guerra por ser causantes de la crisis. Tampoco debemos olvidar las sucesivas modificaciones del impuesto sobre sociedades que han provocado que su tributación efectiva sea del 10%-12%, cuando su tipo de tributación nominal es del 25%-30%.

El resultado de las actuaciones citadas es que, en el momento actual, las cargas fiscales recaigan mayoritariamente sobre las rentas bajas y medias, con especial efecto en las rentas del trabajo, porque no olvidemos que el 80% de la recaudación del IRPF corresponde a las rentas de los trabajadores con nómina.

En resumen, la carga de esta virulenta crisis la están sufriendo los trabajadores, pero no solo por el enorme número de desempleados, sino porque los que trabajan soportan la mayor carga fiscal, consecuencia de todos los regalos que se les han hecho a las rentas del capital y a las grandes fortunas en los últimos años.

Señores políticos, sometan su actuación a una profunda reflexión y cumplan la ley, como todos, ya que nuestra Constitución exige que el sistema fiscal sea justo y progresivo.

José María Peláez Martos. Inspector de Hacienda del Estado