El recorte del gasto público amenaza a los profesionales
Abogados, farmacéuticos, ingenieros y profesores afrontan una situación límite.
La necesidad de las Administraciones de apretarse con fuerza el cinturón y la imposibilidad en algunos casos de atender los pagos pendientes con proveedores están poniendo en riesgo la actividad de cientos de miles de profesionales, ya de por sí afectados por un descenso generalizado de todos los negocios por la crisis. Farmacéuticos y abogados del turno de oficio son algunos de los colectivos que más están dejando ver su malestar por una situación que afecta también a profesores o ingenieros.
En España están adscritos al turno de oficio unos 36.000 abogados, según el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que percibieron 256,6 millones en 2010 por prestar asistencia legal gratuita. En varias comunidades autónomas han tenido que recurrir a pólizas de crédito ante la demora en los pagos de la Administración. Cataluña destinó en 2010 60,5 millones a justicia gratuita y esta semana ha recortado las retribuciones de los abogados por "la actual situación de contención del gasto público", recuerda la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal. Así, la asistencia en instrucción en un procedimiento penal general supondrá una retribución de 229,52 euros, frente a los 241,6 anteriores, mientras que la asistencia a un detenido o imputado baja de 77,3 a 73,4 euros.
"Es una barbaridad", comenta Manuel Valero, presidente de Altodo, una de las asociaciones de abogados del turno de oficio. En su opinión, la morosidad de las comunidades se ha extendido en una actividad -como el turno de oficio- "que no es rentable". Según Valero, los ingresos del turno de oficio son un complemento para los abogados más que una remuneración principal. "Nadie puede vivir del turno de oficio", insiste. En Altodo piensan que la reforma de la Constitución para incluir la limitación del déficit es la antesala de la liquidación del Estado del bienestar y la privatización de servicios como la sanidad, la educación o la justicia gratuita.
Otro de los colectivos en pie de guerra es el de los farmacéuticos. La obligación de dispensar genéricos o el medicamento con marca más barato, implantada por el Gobierno este mes, unido al retraso en el pago de facturas de las comunidades autónomas han llevado a los boticarios a una situación límite. El caso más extremo es Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno adeuda al colectivo 125 millones de euros.
Alternativas financieras
Los profesionales de los dispensarios de algunas provincias de la comunidad amenazan con un paro de dos meses y han desconvocado una manifestación prevista para el 4 de septiembre tras celebrar una primera reunión con la Consejería de Sanidad. Las farmacias de Castilla-La Mancha han propuesto al Gobierno regional varias alternativas financieras para solucionar la situación, ya que la Junta ha confirmado que no les podrá pagar hasta el mes de enero.
"Nunca pensé que una comunidad iba a dejar de pagar las medicinas", explica Andreu Suriol, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tarragona, quien teme que después de Castilla-La Mancha sea Cataluña la siguiente que anuncie que no puede pagar. En Baleares, Murcia y La Rioja también está habiendo problemas.
El Colegio de Farmacéuticos de Tarragona, que agrupa a 326 oficinas, estima que la obligación de dispensar el producto más barato supondrá reducir un 20% las ventas, lo que supondrá "ajustes de personal y suprimir urgencias nocturnas. Suriol sostiene que un 20% de las farmacias en España no son rentables porque los mejores emplazamientos ya están copados. Añade que los farmacéuticos trabajan con precios y márgenes fijados, por lo que no pueden repercutir costes financieros al cliente.
Las cifras
125 millones adeuda la Junta de Castilla-La Mancha a las farmacias. El Gobierno regional asegura que no podrá cumplir con los pa-gos hasta el mes de enero.
3.000 interinos no trabajarán este año, según los sindicatos, por la ampliación de horas lectivas a los profesores de Madrid.
La ingeniería lamenta el retraso en los pagos de la Administración
Más que el recorte en sí mismo de las Administraciones (la licitación de obra pública en el primer semestre ha caído un 35% de media), que también, lo que más perjuicio está ocasionando entre el colectivo de ingenieros es el retraso en el pago por parte de las Administraciones. "El principal problema de los ingenieros industriales es que hacemos trabajos para la Administración y luego no te pagan", según Luis Manuel Balibrea, presidente de la Federación de Ingenieros Industriales de España, unos 200.000.
Andrés Ortuño, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Murcia, sostiene que los proveedores de la Administración "no son grandes empresas de ingeniería, sino en muchos caso pymes que están sufriendo y despidiendo a trabajadores" por la demora en el cobro de los proyectos realizados para la Administración. Afirma que esta situación afecta a todas las empresas, ya que en mayor o menor medida acceden a contratos públicos.
Madrid pide "mayor esfuerzo" a los docentes para dar más horas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha enviado una carta a los profesores de secundaria para pedirles que hagan un "mayor esfuerzo" porque es "necesario" dada la situación "crítica" del país. La Consejería de Educación ha elevado de 18 a 20 las horas semanales lectivas para los docentes para ahorrarse dinero en la contratación de unos 3.000 interinos.
"Basta con mirar alrededor o leer la prensa diaria para comprobar cómo los comercios cierran, las empresas despiden, los jóvenes van a engrosar las listas del paro y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados", recuerda la presidenta de Madrid. Los sindicatos están en pie de guerra por esta medida y hoy se reúnen para fijar las movilizaciones que llevarán a cabo coincidiendo con el inicio de curso. Con esta medida la Comunidad se ahorrará 80 millones de euros y evitará así tener que aplicar recortes en otras partidas como becas o bilingüismo.