Por la modernización de nuestras instituciones
Basta con echar un vistazo a la portada de cualquier periódico para hacerse una idea de la difícil situación económica que atraviesa el país. La presión de los mercados no solo obliga a contener el gasto y ajustar al máximo los presupuestos, sino que exige aprovechar todas las posibles vías de ahorro.
El debate sobre la pertinencia de unas u otras medidas es cada vez más amplio, pero una de ellas parece contar con el consenso de todas las fuerzas políticas: hay que modernizar nuestras instituciones.
Este proceso de puesta al día puede tomar caminos muy diferentes, desde la búsqueda de una mayor eficiencia en las tareas que realizan hasta la reorganización competencial o, incluso, la eliminación de ciertas instituciones cuyas atribuciones puedan ser asumidas por otros escalones administrativos, como es el caso de las Diputaciones, situadas ahora en el punto de mira. A la hora de abordar este debate, lo primero que hay que tener presente es que la organización de nuestras Administraciones públicas es sumamente compleja: Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y las entidades y empresas públicas dependientes de aquellas conforman un complejo entramado de competencias, asignaciones y funcionamientos cruzados.
Esta situación puede obstaculizar la puesta en marcha de determinadas medidas encaminadas al ahorro, pero, de igual modo, puede contribuir a identificar cuáles son las más eficientes y que, por tanto, conviene extender a otros niveles de la Administración. Para ello es necesario establecer un diálogo constructivo mediante el que las instituciones pueden buscar sinergias, compartir experiencias y aprovechar aquellos avances cuya utilidad ha quedado demostrada en la práctica.
De entre todos los ámbitos de actuación comunes a las administraciones de nuestro país, uno destaca especialmente por su importancia para la buena marcha económica del país: la contratación pública. Durante el año 2009, último con datos disponibles, la Administración pública española gestionó más de 100.000 actuaciones, por un importe total superior a los 54.630 millones de euros, lo que supone un 5,1% del PIB español durante ese ejercicio.
El potencial de reducción del gasto público en este campo salta a la vista, y no son pocas las instituciones que ya se han puesto manos a la obra para conseguirlo, siempre bajo una perspectiva común: el uso de las nuevas tecnologías como medio para recortar gastos y optimizar los recursos disponibles.
Y es que gracias a este tipo de avances se facilita en gran medida la concurrencia de todo tipo de empresas -incluyendo pymes, grandes olvidadas en nuestro país-, lo que a su vez se traduce en mejores ofertas con menores gastos para la Administración. Además, los procesos cuentan con la máxima seguridad y transparencia, lo que elimina así cualquier riesgo de posibles irregularidades y aumenta la confianza del ciudadano en sus instituciones.
Sin embargo, y a pesar de que su eficacia está más que probada en todos los escalones administrativos, esta revolución digital aún no se explota en todo su potencial. La propia Comisión Europea recordaba recientemente en su informe sobre competitividad digital que España tiene un largo camino por recorrer en este sentido, situándola en el vigésimo puesto de los países europeos en licitación pública electrónica
Esto significa que apenas una pequeña parte de las Administraciones públicas españolas hace uso de la licitación pública electrónica, lo que equivale a decir que la inmensa mayoría de las 12.000 entidades y empresas que integran el sector público siguen ancladas en los sistemas tradicionales de adjudicación, cuando son entre 4.000 y 5.000 las susceptibles de poder incorporar este modelo, con todo lo que ello implica en cuanto a ahorro, eficiencia y transparencia.
Pedro Gato. Director general de Vortal España