Zapatero y Rajoy pactan limitar el déficit en la Constitución
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró hoy a favor de incluir en la Constitución una ley para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo y pidió concretarla a los dos partidos mayoritarios. El líder del PP, Mariano Rajoy, dijo que apoya la medida.
Tras la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de la últimas medias de ahorro dirigidas a garantizar la reducción del déficit público, el presidente del Gobierno compareció hoy de manera voluntaria en el pleno extraordinario del Congreso que debate la convalidación del nuevo decreto-ley.
Durante su discurso, y en línea con lo acordado por el eje franco-alemán para lograr la consolidación fiscal de los países, Zapatero propuso reformar la Constitución para introducir una regla que garantice la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como con la deuda, implicando a todas las administraciones públicas.
Para ello, el presidente invitó al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, y al candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, a concretar la iniciativa en una proposición de ley que sea aprobada de inmediato y con el mayor consenso posible.
Zapatero manifestó que ya había consultado esta posibilidad con ambos políticos y lo cree "factible". Por ello, reclamó el acuerdo del resto de partidos de la Cámara para contribuir a la estabilidad.
Apoyo de Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy, dijo en su turno de palabra que apoya la propuesta de Zapatero de cambiar la Constitución para limitar el déficit público.
Rajoy recogió el guante del presidente del Gobierno en favor de un pacto, aunque aprovechó para recalcar que Rubalcaba se opuso a esta medida y la descalificó cuando la planteó el Partido Popular.
Rajoy afirmó que su grupo está dispuesto a "facilitar" la tramitación de esta reforma de la Carta Magna, en "coherencia" con la postura que viene defendiendo el PP, ya que propuso por primera vez esta reforma el 25 de junio de 2010. "Creo que habría que haberlo hecho ya y las cosas nos habrían ido mejor", ha enfatizado.
También CiU mostró su apoyo a esta iniciativa. Durante su intervención, el portavoz de este grupo en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, señaló que desde hace tiempo Europa apunta esa posibilidad y que se refuerza como "una tendencia necesaria". No obstante, apleó a "ver de cerca" la letra exacta de la propuesta de modificación.
Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, dio su respaldo a la propuesta de cambio constitucional. "Controlar el déficit es esencial para evitar turbulencias especulativas, dotar de mayor estabilidad a la economía (...), dar más confianza a los inversores y apoyar el crecimiento económico", defendió Alonso.
El presidente del Gobierno aseguró en su exposición que España inició el proceso de reducción del déficit antes que buena parte de los países europeos, lo que ha permitido que en dos años se haya recortado a la mitad, en 5,2 puntos del PIB, gracias a "uno de los mayores esfuerzos de austeridad" conocidos en una economía desarrollada.
Zapatero reiteró la necesidad de conseguir el "reto" de incentivar la recuperación económica a la vez que se garantiza la consolidación fiscal. "Es un reto al que se enfrentan la gran mayoría de las economías desarrolladas". Sólo cabe "perseverar en el empeño", en la "aplicación de las medidas" de ámbito nacional y también en el propósito de seguir avanzando en la gobernanza del euro, y así lo seguirá haciendo su gobierno "hasta el último día", sostuvo.
El cambio, en esta legislatura
Por su parte, el presidente del Congreso, José Bono, señaló que la modificación de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria y limitar el déficit podría hacerse antes de que finalice la presente legislatura. Eso sí, para ello debería presentarse la propuesta de reforma esta misma semana.
El anuncio de Zapatero de convocar las elecciones generales para el 20 de noviembre obliga a agilizar los plazos para aprobar esa reforma, ya que las Cortes Generales quedarán disueltas el 27 de septiembre. Bono, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, explicó a los medios de comunicación que si se presenta antes del próximo viernes "todo tiene arreglo". Por eso, ha emplazado a los portavoces del PSOE y del PP a que presenten una propuesta mañana mismo, o pasado a más tardar, a fin de que puedan cumplirse los plazos reglamentarios para su tramitación.
Y es que, según su argumento, al tratarse de una reforma constitucional, una vez que sea aprobada habrá que abrir un plazo de quince días por si algún grupo quiere plantear que se someta a referéndum. Así las cosas, sus cálculos son que la modificación tendría que ser aprobada por lectura única y por el procedimiento de urgencia en torno al 9 o 10 de septiembre, lo que requerirá la convocatoria de un pleno extraordinario el 30 de agosto o el 1 de septiembre.
Maastricht obligó a la única reforma constitucional en 1992
La única reforma de la Constitución aprobada hasta ahora fue en 1992, para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht y tuvo como objetivo permitir que los ciudadanos de los países de la UE residentes en España pudieran ir en las listas para las elecciones municipales.Esta reforma, sancionada por el rey Juan Carlos y refrendada por el presidente del Gobierno, Felipe González, el 27 de agosto de 1992, afectó al artículo XIII, apartado 2, incluido en el Título I, "De los Derechos y deberes fundamentales".La reforma, aprobada unánimemente por las Cortes en julio de ese año, permite que los ciudadanos de países de la CE residentes en España puedan formar parte de las candidaturas electorales en los comicios municipales, tal como determinaba el Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992.La modificación consistió en añadir las palabras "y pasivo" al texto original del artículo 13.2.Su redacción final quedó de esta forma: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".