también se nombrará un secretario

Jorge Viera, previsible presidente de la mesa de diálogo de automoción

Ya hay un candidato probable para presidir el Comité de Diálogo para el Sector de la Automoción que se creó en el acuerdo de Código de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de Automoción. Se trata de Jorge Viera González, actualmente director del Departamento de Derecho Privado y profesor titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Junto a Joseba Echevarría, profesor titular de la Universidad de Valladolid, Viera participó muy directamente en las negociaciones entre las patronales de los productores de coches (Anfac) e importadores (Aniacam) y de los concesionarios (Faconauto y Ganvam) en las negociaciones para desarrollar el Código de Buenas Prácticas. Y, muy especialmente, en el documento que sirvió de base para la elaboración del borrador de la Ley de Contratos de la Distribución Comercial, actualmente en trámite parlamentario y con visos de no ser aprobado antes de que finalice la legislatura. Una ley en la que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se involucró personalmente.

El Comité de Diálogo, que debería haberse constituido 20 días después de haberse firmado el Código de Buenas Prácticas (10 de junio), se ha creado para debatir periódicamente las controversias que surjan entre las marcas y sus redes de distribución en el "ejercicio de sus actividades comerciales". Igualmente, debe "implementar políticas proactivas que faciliten el diálogo y entendimiento entre los miembros de las asociaciones".

Junto al presidente, cargo que será remunerado, se nombrará un secretario, ambos elegidos por el Ministerio de Industria. En el Comité no se debatirán temas que pudiesen atentar contra la competencia.

Un código polémico por el arbitraje

El Código de Buenas Prácticas pretende aliviar el conflicto permanente entre las marcas de automóviles y sus redes de distribución, que se ha agudizado desde el inicio de la crisis. Sin embargo, el código, tutelado por el Ministerio de Industria, nació bajo la polémica, pues los concesionarios solicitaban que el acuerdo estableciese un sistema de arbitraje al que las marcas deberían suscribirse obligatoriamente. Finalmente se limitó a una mediación voluntaria.

Igualmente, debía establecer una base detallada de principios que debían regir las relaciones contractuales, pero se limitó a seis puntos genéricos.