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Calificar a Godot

Las agencias de calificación se las han arreglado para ganarse la antipatía de ambos partidos en el Congreso de EE UU. Y las investigaciones del Gobierno a Standard & Poor's pueden reavivar los esfuerzos legislativos para una reforma. Desde el lado de los partidarios, puede extenderse desde endurecer el control del Tío Sam hasta eliminar su útil impronta. Cualquier resultado podría cambiar el juego de la calificación. Las ideas del campo pro regulación de los demócratas incluyen incrementar la responsabilidad de las agencias con sus evaluaciones e incluso la creación de una agencia federal. A los republicanos no les gusta mucho la idea de hacer que sea más fácil demandar a las empresas. En cambio, les gustaría abandonar el modelo actual en el que muchas agencias de calificación son pagadas por los prestatarios en lugar de los inversores, creando un conflicto. El objetivo sería eliminar cualquier papel del Gobierno en la aprobación o supervisión a determinadas empresas y dejar el campo libre a la competencia.

Tales cambios podrían tener un gran impacto en los modelos de negocio. Aunque aún hay poco consenso sobre los próximos pasos a seguir, el mensaje de S&P de que la rebaja de calificación de EE UU se basó, en parte, en las políticas disfuncionales impulsó una rara muestra de unidad en el Congreso. El Comité Bancario del Senado resolvió examinar la decisión de la entidad. Los demócratas vieron la rebaja como una medida de presión para más austeridad. Los republicanos, por otro lado, lo han visto como una manera de incrementar los impuestos.

Moody's y Fitch se encuentran también en el centro de atención. Incluso antes de la rebaja, las agencias calificadoras no eran tenidas en gran estima por su papel a la hora de permitir el excesivo endeudamiento que desencadenó la crisis financiera. Y en el Congreso, muchos piensan que la reforma Dodd-Frank del año pasado ha sido suficiente.

Sin embargo, incluso con el renovado interés de los legisladores, no parece que se mueva gran cosa en Washington, y la proximidad de las elecciones en 2012 supone más arena en los engranajes. Pero si se producen más rebajas que golpeen al Congreso donde le duele, el mayor riesgo puede convertirse en una acción legislativa.

Por James Pethokoukis