Un golpe a la tesorería de las empresas
Tras semanas de hipótesis sobre cuál sería el alcance concreto del nuevo paquete de medidas económicas del Ejecutivo para reducir el déficit público, el viernes se despejaron las incógnitas. El Gobierno aclaró que el anunciado adelanto del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades afectará a aquellas empresas que facturen más de 20 millones de euros. La medida, que estará vigente hasta 2013, se aplicará a unas 4.000 compañías, que se verán obligadas a adelantar a las arcas del Estado entre 59.000 y 255.000 euros en impuestos. Pese a que la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha hecho lo posible por quitar hierro a las consecuencias de la propuesta, insistiendo en que únicamente se trata del anticipo de pagos fraccionados "y el retraso de algunas deducciones" y recordando que la reforma no eleva el impuesto, no hay duda de que las empresas afectadas acusarán el golpe en su tesorería. Si hasta el momento venían aplicando un tipo del 21% en esos pagos, a partir de ahora este oscilará entre el 24% y el 27% en función de la cifra de negocio. Con ello, el Gobierno pretende recaudar algo más de 2.500 millones este año y 400 en 2012 y otros tantos en 2013.
Las empresas han reaccionado con indignación al anuncio de la medida. En un escenario económico marcado por acuciantes problemas de liquidez y graves dificultades para reunir financiación, la propuesta ha caído como un mazazo. Desde CEOE, los empresarios se han apresurado a recordar al Gobierno que lo aprobado supone una pesada carga adicional y provocará un grave deterioro a sus tesorerías, cuya escasez de liquidez procede en buena parte del retraso de la propia Administración a la hora de abonar sus pagos. No en vano muchas de las empresas afectadas contratan habitualmente con el sector público y están, ahora más que nunca, sufriendo en sus propias carnes la morosidad de la Administración.
Lo cierto es que el adelanto de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades afectará a compañías que son primeros espadas del tejido empresarial español, tal y como han advertido los propios empresarios. Aunque el Gobierno ha reiterado, en respuesta a las críticas, que también los particulares anticipan sus pagos a través de las retenciones del IRPF, existe una sustancial diferencia entre ambas situaciones respecto a la coyuntura económica que España vive en estos momentos. Las empresas, entre otras funciones, están destinadas a crear empleo y la creación de empleo es una de las grandes prioridades que ha de afrontar la economía española. Una prioridad que difícilmente se puede satisfacer cargando con más peso los balances de las empresas y retrayendo por adelantado de sus arcas recursos que podrían emplearse de un modo más productivo para el conjunto de la economía.
Junto a las medidas ya anunciadas, entre las que se incluye una reforma del Sistema Nacional de Salud con la que el Gobierno pretende ahorrar 2.400 millones al año, el Ejecutivo introdujo el viernes un elemento de factor sorpresa: la rebaja del IVA que grava la vivienda nueva del 8% al 4% hasta el próximo 31 de diciembre. Con ello se pretende incentivar el castigado mercado inmobiliario y reducir la bolsa de 687.523 pisos que permanecen sin vender. Mientras las empresas han acogido de buen grado la medida -aunque la consideran insuficiente, especialmente por el escaso plazo-, los cálculos realizados por el propio personal de Hacienda apuntan a que el balance recaudatorio solo será positivo si se duplican las ventas de casas en lo que queda de año, hasta alcanzar las 100.000.
Todo ello vuelve a poner de manifiesto que la hoja de ruta que debe seguir España para cumplir con sus deberes de consolidación fiscal tiene que ir más allá de medidas temporales y de alcance limitado. Sobre la mesa del Gobierno siguen pendientes tres grandes capítulos en los que es necesario avanzar: la culminación de la reforma del sistema financiero -fundamental para recuperar la confianza de los mercados-, la flexibilización del mercado laboral -única forma de luchar contra el paro y que está a la espera de reformas en el próximo Consejo de Ministros- y un recorte de gasto público en el que todavía hay margen para actuar.