La directora del FMI, sospechosa de abuso de poder

El Tribunal que investiga a Lagarde detecta "anomalías" en el pago a Tapie

Un documento redactado por el Tribunal que investiga a la directora del FMI por abuso de poder cita "anomalías e irregularidades" en el proceso de aprobación de una indemnización millonaria en su etapa como ministra de Economía de Francia.

La directora del FMI, Christine Lagarde
La directora del FMI, Christine Lagarde

El verano se cubre de nubarrones para Christine Lagarde. El Tribunal francés encargado de investigar a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha citado "anomalías e irregularidades" en la decisión que aprobó cuando era ministra de Economía francesa de pagar una indemnización millonaria al magnate Bernard Tapie.

El empresario y amigo personal del presidente Nicolas Sarkozy denunció en 1993 al banco Crédit Lyonnais, por aquel entonces nacionalizado, por haberle defraudado en el proceso de venta de Adidas. En 2007, año en que accedió a la cartera de Economía del país galo, Lagarde medió en el conflicto. Este se saldó a favor de Tapie, que percibió 285 millones de euros de la entidad bancaria, esto es, de fondos públicos.

El Tribunal de Justicia de la República (CJR), con capacidad para juzgar a altos cargos políticos, ha redactado un documento -que ha sido filtrado por el medio francés Mediapart- en el que explica el porqué de la investigación abierta contra Lagarde el pasado 4 de agosto por abuso de poder.

"La ministra parece haber contribuido personalmente a los acontencimientos, especialmente al dar instrucciones de voto a los representantes del Estado", reza el texto, de nueve páginas.

Lagarde, que fue nombrada jefa del FMI el pasado mes de junio, tras la destitución de su compatriota Dominique Strauss-Kahn por supuestos abusos sexuales, niega las acusaciones. La exministra aduce que creó una comisión de arbitraje para el litigio entre Tapie y Crédit Lyonnais para intentar atajarlo, dado que este se había prolongado en el momento de su intervención más de tres años.

En este sentido, el texto judicial señala que "la adopción del arbitraje no parecía conforme a las prácticas habituales. Mientras que las consultas a los abogados especialistas apuntaban que había una esperanza de anulación de la sentencia la ministra pidió por escrito a la administradores representantes del estado que se expresaran en contra del recurso de anulación".