Los problemas de fondo de los entes locales
La agónica situación financiera en que están sumidos buena parte de los municipios españoles ha obligado a poner sobre la mesa la necesidad de recurrir a las subidas de impuestos como fórmula para evitar el riesgo de bancarrota. Los número rojos han impulsado a varios ayuntamientos a estudiar la aprobación de incrementos en materia de tasas e impuestos municipales y a tener que arrinconar muchas de las suculentas promesas realizadas antes de los comicios del pasado 22 de mayo. El propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, -cuyo Ejecutivo ha aprobado una subida del IBI del 5,7% anual hasta 2021- ha recordado la incongruencia de que los entes locales puedan reclamar al Gobierno central un aplazamiento del pago de su deuda mientras apuestan al mismo tiempo por un recorte de los impuestos en sus municipios.
En cualquier caso, Madrid no es ni mucho menos el único ayuntamiento que ha advertido a sus ciudadanos de la necesidad de apretarse el cinturón por razones recaudatorias. La escasez de liquidez, que en algunos casos amenaza incluso con obligar a dejar de pagar las nóminas y a poner fin a la prestación de ciertos servicios, se ha traducido en diferentes anuncios de actualización de tasas e impuestos locales. Ello no es de extrañar, si se tiene en cuenta que el IBI es la segunda fuente de ingresos de las arcas municipales, tan solo superada por las transferencias que los ayuntamientos reciben de la Administración central.
No cabe duda de que la política fiscal constituye un recurso perfectamente legítimo como fórmula para sanear las desequilibradas cuentas de los ayuntamientos y, en ese sentido, los consistorios que decidan recurrir a él no harán otra cosa que realizar un uso normal de sus competencias. Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, que tras la difícil situación financiera de los entes locales se esconden graves problemas de fondo, tapados en la época de bonanza por la alfombra de los ingresos por la actividad inmobiliaria. Uno de ellos es la arraigada cultura de irresponsabilidad fiscal en materia de gasto público, exacerbada en tiempos de bonanza económica, pero cuya erradicación debería ser un objetivo a mantener más allá del final de esta crisis. El otro es la ineficiencia de la estructura territorial del Estado, lastrada por una multiplicidad de organismos y un exceso de atomización. La reciente decisión del Ejecutivo italiano de acometer una reforma territorial en esta materia -que traerá consigo la supresión de buen número de provincias y municipios- debería servir de acicate para reabrir en España un debate sobre este problema, que supone en muchos casos una pesada carga para la modernización y la eficiencia del Estado.