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Tribuna
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Elecciones y morosidad

En julio del pasado año, tras grandes esfuerzos de la sociedad civil agrupada en la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, se sacó adelante la Ley 15/2010, que establece los plazos máximos que pueden transcurrir desde la entrega de una mercancía o la prestación de un servicio y su abono por el adquirente. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, durante 2012, el plazo máximo de pago de las Administraciones públicas a sus proveedores será de 40 días y de 75 días para los pagos entre empresas (90 si es para obras públicas). En los primeros 12 meses de aplicación del nuevo marco legal, se han reducido algo los plazos, pero sigue habiendo una gran resistencia y muchos incumplimientos. En España tenemos los peores hábitos de Europa en la materia, lo cual es una debilidad que limita la capacidad de invertir, es decir, de ser más competitivos. La excesiva necesidad de fondos para financiar capital circulante y la contracción del crédito ahogan a las empresas e impiden recuperar la inversión y generar empleo de calidad. Pero esta situación, a su vez, constituye una oportunidad si somos capaces de revertirla, ya que muchas dificultades se superarían solo con aplicar una ley que ya está en vigor. Estamos atrapados en la falta de crédito por la presión de los precios de la deuda y la inconclusa reestructuración del sistema financiero, lo que nos condena a una prolongada época de bajo crecimiento. La Ley 15/2010 ofrece un atajo para salir de la trampa. Si se cumple, se conseguirá una inyección directa de recursos en el sistema productivo, a cambio de refinanciar la deuda de algunos organismos públicos y unas pocas grandes empresas. Muchos autónomos y pymes verán reducidas sus necesidades de tesorería, sin esperar a que bancos y cajas terminen de cicatrizar heridas o los mercados dejen de atacar nuestra deuda.

Estamos en tiempo de programas electorales. Habrá que ver si los partidos comprometen medidas para imponer el cumplimiento de la norma: si van a estar disponibles líneas ICO para que ayuntamientos y autonomías paguen a sus proveedores, respetando los plazos legales (es terrible tener que pedir que el sector público cumpla la legalidad). También si se van a establecer sanciones para las empresas que sobrepasen los límites temporales para el abono de sus compras (algunas compañías importantes pueden estar financiando la campaña electoral con dinero que deben a sus proveedores) o si van a seguir permitiendo que bancos y aseguradoras descuenten o garanticen facturas con aplazamientos ilegales (otra situación incomprensible, que puede ocultar bolsas de morosidad). Muchos estamos pendientes de las propuestas.

Enrique Sáez. Economista y empresario

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