Por la contratación pública socialmente responsable
Una tasa de paro que amenaza con no bajar del 20% a lo largo de 2011 es tremendamente preocupante. Por desgracia, si entramos en detalles de esta cifra general, podemos encontrar datos sobre empleo aún más alarmantes, como el hecho de que, según confirman las estadísticas del INE, dos tercios de la población activa con discapacidad no tiene un puesto de trabajo. Además, las personas con discapacidad se enfrentan a dificultades innumerables y a barreras infranqueables a la hora de intentar su inclusión en el mercado laboral.
Como presidente de una compañía privada, creo que las empresas que operan de forma responsable en nuestro país han tomado conciencia del impacto que produce su actividad económica en todos los ámbitos, y han decidido voluntariamente, a través de los programas de responsabilidad social empresarial, contribuir al desarrollo sostenible, asumiendo el cumplimiento de una serie de obligaciones incluso más allá de lo que constituye el mínimo exigido por la ley.
La cuestión es si cabe esperar o incluso exigir de los poderes públicos un nivel similar de compromiso social y, más específicamente, de apoyo a las personas con discapacidad. En estos momentos de crisis y austeridad presupuestaria, la contratación pública se perfila como una herramienta tremendamente potente para impulsar iniciativas sociales sin aumentar los gastos de las Administraciones Públicas.
La contratación pública representa actualmente el 17% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea. Este solo dato pone de manifiesto que nos encontramos ante una extraordinaria facultad, en manos de los poderes públicos, de crear empleo y de corregir numerosos desequilibrios producidos por las barreras físicas y socioculturales si su actividad contractual se ejecuta teniendo en cuenta criterios sociales y de sostenibilidad.
El poderoso efecto transformador que puede tener esta nueva utilización del poder de contratación de los poderes públicos determina que lo que hoy es una simple posibilidad en manos de los órganos de contratación, al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se ha de convertir en una exigencia general de utilización socialmente responsable del poder de contratación público.
No basta con que las normas de contratación contemplen la posibilidad de introducir cláusulas sociales en la contratación, es necesario pasar a la acción: evitar que esas disposiciones legales queden en una declaración de intenciones. Dotar de contenido y, por tanto, de sentido esa ley sería combinar la norma con la concienciación, la cláusula con el consenso y la formación a la ciudadanía.
Señalaba al principio de este artículo la desigualdad que sufren las personas con discapacidad a la hora de acceder al mercado laboral; para contribuir a que estas personas puedan beneficiarse de la implantación de criterios sociales en los contratos de la Administración, Fundación ONCE, Cermi y un grupo de entidades públicas y privadas comprometidas con este objetivo hemos creado el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable (Con-R), que tengo el honor de presidir y que esperamos se convierta en un punto de encuentro y difusión de buenas prácticas de las Administraciones Públicas en la implantación de un modelo de contratación socialmente responsable.
De esto es de lo que se trata, de que la facultad de contratación de los poderes públicos se ponga al servicio de nuevos objetivos, como la creación de empleo, o la corrección de desigualdades.
Este uso alternativo del poder de contratación, como venimos diciendo desde este Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, significa que todo euro que se invierte en infraestructuras, en servicios públicos, o que de cualquier otra manera es precio de un contrato con una entidad pública, ha de tener siempre un reverso social.
Confiamos en que este Foro que ya está poniendo todo su esfuerzo en promover estas metas pueda actuar como una palanca para que la cultura de la responsabilidad social que ya ha arraigado en las empresas se imponga en la Administración pública.
María Garaña. Presidenta de Microsoft Ibérica y del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable