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A fondo

La distribución, perdida en el castillo de Kafka

El escritor Fanz Kafka plasmó con genial maestría el absurdo del comportamiento humano. En El Castillo, su obra inconclusa publicada en 1926, el personaje, llamado K, intenta sin éxito abrirse camino en una maraña burocrática que domina el castillo donde pretende trabajar como agrimensor. Las vicisitudes vividas por la Ley de Contratos de Distribución Comercial podrían, perfectamente, haber inspirado al escritor checo.

El lunes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, reconoció que el texto, que entró en el Congreso en junio, tenía pocas trazas de salir adelante tras el adelanto electoral. Fuentes del grupo socialista confirman que será difícil que la ley pueda pasar todas los trámites parlamentarios a tiempo. Evidente, pues el 3 de septiembre termina el plazo de enmiendas, ya prorrogado una vez. Y van cientos de propuestas. Solo un consenso total por parte de todos los grupos podría salvar in extremis una norma que como el propio ministro reconoce ha costado mucho parir.

El Grupo Popular adoptará en los próximos días la postura que mantendrán respecto a los textos legislativos que se tramitan actualmente en el Congreso. Incluido este de distribución que regula la relación entre los fabricantes y sus redes de distribución de sectores como el automóvil, gasolineras, franquicias, quioscos de prensa o centros comerciales, entre otros, que suman casi un tercio del PIB español.

La ley tuvo ya un inicio rocambolesco, netamente kafkiano. PNV, CiU y PP conseguían sacar adelante, contra el PSOE, una enmienda en la Ley de Economía Sostenible que regulaba las relaciones entre concesionarios y fabricante de coches, claramente volcada a los intereses de los primeros. La intervención furibunda de las automovilísticas frente a Industria y los gobiernos autonómicos con plantas productivas fue suficiente para que CiU y PP pasaran la humillación de desdecirse en el Congreso y eliminar la enmienda que ellos mismos habían aprobado. Algo que posiblemente no se le habría ocurrido ni al mismísimo Kafka.

A cambio, Industria se comprometió -ante el resto de grupos políticos y agentes económicos afectados,- a aprobar una ley que regulase las relaciones entre fabricantes y distribuidores. A tal fin, el ministerio abrió una mesa de negociación que naufragó en su intento de conciliar los intereses de las partes.

En este fracaso tuvo mucho que ver que Sebastián no supo resistir las presiones de los fabricantes y descafeinó la propuesta -técnicamente equilibrada- realizada por dos catedráticos de Derecho mercantil. Desapareció del borrador la obligación de que las marcas pagasen indemnizaciones por clientela a sus concesionarios en caso de la ruptura sin justificar del contrato o se mantuvo la potestad de las marcas de imponer a sus redes comerciales la compra de artículos que no habían pedido y que difícilmente son capaces de vender. Una práctica frecuente en el sector del automóvil.

Los populares se encuentran ahora en una curiosa encrucijada. Supuestamente desean una ley que compense las relaciones entre marcas y distribuidores, hoy desfavorables a estos últimos. Su apoyo a la enmienda de la Ley de Economía Sostenible lo atestigua. Podrían, pues, defender el texto actualmente en el Congreso pactando cambios con el grupo socialista dispuesto, paradójicamente, a enmendar el proyecto enviado por Miguel Sebastián al Congreso. O bien, podrían optar por esperar a las elecciones y confiar en que los votantes les permitan formar gobierno y presentar entonces su propia ley. Esta última posibilidad tiene un riesgo claro: las presiones rugirán de nuevo y veremos entonces si todas las promesas de PP a los distribuidores no se quedan en agua de borrajas. De ser así, la ley volverá a dormir el sueño de los justos. Un culebrón digno de Kafka.

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