Las directivas del gas y la electricidad están en el límite
En las reuniones que el Consejo de Ministros celebraron los día 1 y 8 de julio, el Gobierno dio luz verde para su tramitación parlamentaria a las reformas de la Ley de Hidrocarburos y la Ley eléctrica, respectivamente. Ambas suponen la adaptación del ordenamiento jurídico español a las directivas sobre normas comunes del mercado interior del gas y la electricidad, o el llamado tercer paquete de directivas.
El Gobierno ha tenido siempre clara su intención de cumplir con unas transposiciones, cuyo plazo terminó en julio. Y, aunque se suponían en el límite, incluso sin contar con el adelanto electoral, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, dio ayer por hecho que se aprobarán, pese a que solo quedarían tres semanas hábiles en el Parlamento, entre el 1 y el 26 de septiembre, fecha en que se disuelven las Cortes. El punto más conflictivo de estas reformas ha sido el de la segregación de REE en dos sociedades que desarrollarían las dos funciones que tiene encomendada la compañía: la gestión del sistema y el transporte en alta tensión. La segregación era apoyada por las eléctricas y el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Finalmente, el equipo directivo de REE convenció a buena parte del Gobierno para que retirara la propuesta.
Otro punto importante de la ley eléctrica son las nuevos poderes de la Comisión de la Energía, aunque ya son de aplicación pues se incluyeron en la Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor la pasada primavera.
Ni referencias al ATC
Un proyecto del que parece haberse olvidado el Gobierno es el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos. Tras superar los trámites legales y contar con ocho municipios candidatos, el Ejecutivo ha preferido no enfrentarse a las comunidades autónomas.
