Los planes de la política industrial

Sebastián tira la toalla con la ley de distribución y la regulación eólica

El titular de Industria, Miguel Sebastián, aclaró ayer que algunos proyectos de su ministerio no verán la luz tras el adelanto electoral. Entre los que se quedan en el tintero citó la Ley de Contratos de Distribución Comercial o el nuevo marco regulatorio del sector eólico. Por contra, confía llegar a tiempo con la ley de telecomunicaciones, la de hidrocarburos y la eléctrica.

Sebastián tira la toalla con la ley de distribución y la regulación eólica
Sebastián tira la toalla con la ley de distribución y la regulación eólica

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprovechó su comparecencia sobre la resolución de la subasta del espectro radioeléctrico para hacer balance del impacto que el adelanto de la elecciones, anunciado el pasado viernes, tendrá para su departamento. Pese a la modificación del calendario electoral y el consiguiente recorte de los plazos, mostró su confianza para aprobar a tiempo la Ley General de Telecomunicaciones, la de hidrocarburos o la ley eléctrica antes de que termine la legislatura.

Sebastián explicó que, en el caso de la normativa de telecos, ya se ha concluido el periodo de enmiendas en el Parlamento, y está encaminada a transponer a la legislación española una normativa comunitaria. "El Gobierno hará todo lo posible para que se pueda aprobar antes de que concluya la legislatura", afirmó el ministro. El secretario de estado de Telecomunicaciones, Juan Junquera, destacó también que se va a poner en marcha antes de que concluya la legislatura el programa de fomento del comercio electrónico.

Por el contrario, el ministro de Industria admitió que será muy difícil que pueda salir adelante la Ley de Contratos de Distribución Comercial, recordando que fue un compromiso suyo con los concesionarios de automóviles. "Habría sido bueno haberlo dejado hecho", indicó. El texto entró en el Congreso el pasado junio y aunque fue fruto de las conversaciones con los sectores afectados, salió sin un consenso sólido. Eso ha provocado la presentación de numerosos enmiendas que dificultan la tramitación rápida del texto. De aquí, que no sea aprobado antes de las elecciones. Sebastián reconoció que también se van a quedar en el tintero proyectos como la reforma del Icex, el plan del carbón o la remuneración del sector eólico.

De esta manera, el sector eólico deberá esperar también a que se forme el Gobierno que salga de las urnas para contar con un nuevo marco retributivo. Mucho antes de conocerse el adelanto electoral, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) había presionado al Ministerio de Industria para que aprobara una nueva regulación, a la vista de que la actual expira en 2012. Aunque el director general de Energía, Antonio Hernández, prometió al sector que se aprobaría antes del verano, la promesa no podrá cumplirse.

Las compañías eólicas han reiterado que las inversiones del sector, que se deben planificar con mucho tiempo, se han paralizado (calculan que se dejarán de instalar unos mil MW hasta 2012) ante la incertidumbre sobre el contenido de un real decreto que Industria ya ha confirmado que no aprobará. Algunas líneas de la nueva regulación apuntaban, según fuentes del sector, a la eliminación del actual registro de preasignación, cambios en el sistema de autorización administrativa, entre otros. Además del tiempo que se perderá con el proceso electoral, el sector se inclinaba por que fuese este Gobierno, que no le recortó las primas como ocurrió con la fotovoltaica a finales del año pasado, el que elaborase la norma.

El Icex no se reformará

Una de las reformas que el adelanto de las elecciones generales dejará inconclusa es la del Instituto de Comercio Exterior (Icex), que depende también del Ministerio de Industria.

Otra cuestión que no se abordará es el futuro de la liberalización del dividendo digital.

Todo ello no significa que el Gobierno "se vaya a ir de vacaciones hasta el 20 de noviembre", dijo ayer Miguel Sebastián.

Una normativa demandada por los concesionarios

La Ley de Contratos de Distribución Comercial es una petición largamente planteada por los concesionarios de automóviles. Aunque no son los únicos, pues la norma regula las relaciones comerciales entre fabricantes y sus redes de ventas. Junto a la distribución de vehículos, otras actividades amparadas son las gasolineras, las franquicias, centros comerciales o quioscos de prensa. El 30% del PIB español, informa Juan Ferrari.

Sin embargo, los abanderados de la petición son los concesionarios de automóviles, y más concretamente la patronal Faconauto. De hecho, su mediación ante los grupos políticos propició en febrero la aprobación de una enmienda en la Ley de Economía Sostenible que regula la relación entre concesionarios y marcas de vehículos, netamente favorable a los primeros. La reacción de los fabricantes, que amenazaron con el cierre de factorías de España si la enmienda entraba en vigor, provocó que Industria se comprometiese a presentar una ley de distribución consiguiendo con ello que el Congreso, en una solución rocambolesca, dejase sin efecto la enmienda que aprobó en febrero.

Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto, asegura que desde el Ministerio no les han comunicado la dificultad de sacar adelante la ley, aunque lo daban por supuesto tras el adelanto electoral. No obstante, considera que finalmente se aprobará esta u otra ley, pues "existe un alto consenso político para solucionar el problema", incluyendo al PP y al PSOE. Sin embargo, Faconauto critica que finalmente el texto que aprobó Miguel Sebastián salió "descafeinado" en favor de las tesis de los fabricantes. Por contra, estos denunciaron recientemente algunas enmiendas presentadas al proyecto.