La consolidación fiscal, una tarea de todos
El Consejo de Política Fiscal del pasado 27 de julio ha significado un importante paso adelante en la definición de un esquema que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas en el medio y largo plazo. Por primera vez, las comunidades autónomas, el segmento que tiene la responsabilidad de ejecutar más del 50% del gasto público total (sin incluir el gasto ejecutado por la Seguridad Social), se han comprometido a impulsar ante sus respectivos parlamentos, y en un plazo no superior a seis meses, la aprobación, con rango de ley, de una regla de gasto, coordinada con la que ya aprobó el Estado por sí mismo y que vinculará la evolución del mismo a una estimación ponderada del crecimiento potencial de la economía, al tiempo que permitirá preservar los recursos adicionales que se ingresen en las fases altas del ciclo para utilizarlos en los momentos en los que el ciclo económico se atenúe, subrayando así la naturaleza contracíclica del presupuesto público.
En el actual contexto económico, uno de los pilares esenciales de la política económica del Gobierno, junto con las necesarias reformas estructurales, es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este objetivo se traduce en el firme compromiso adquirido por el Gobierno de alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2013, de acuerdo con el Programa de Estabilidad de España 2011-2014, lo que implica un gran esfuerzo para el conjunto de las Administraciones públicas.
La importante descentralización fiscal española exige que para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del programa de estabilidad nuestro ordenamiento jurídico ofrezca herramientas de coordinación para compatibilizar la necesidad de alcanzar un objetivo conjunto con el pleno respeto de las competencias propias de cada una de las Administraciones.
El compromiso de adopción de una regla de gasto por los Gobiernos autonómicos ratifica la voluntad de las Comunidades de contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas en un ejercicio de corresponsabilidad con el Estado y debe servir para complementar el principio de estabilidad presupuestaria, establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de limitar el crecimiento del gasto en los periodos de bonanza, generando los márgenes necesarios en los tiempos de crecimiento económico para suavizar los ajustes en los momentos más bajos del ciclo.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha puesto de manifiesto la decidida voluntad de los Gobiernos autonómicos de estabilizar sus finanzas en el corto plazo. Todos y cada uno de ellos respaldaron el objetivo individual de ajustar sus cuentas del próximo año a un déficit máximo del 1,3% del PIB, en línea con lo establecido en la senda de consolidación fiscal que debe llevar a las Administraciones públicas a cerrar 2012 con un déficit del 4,4%. El cumplimiento de este objetivo, que en 2011 nos debe llevar a cerrar el ejercicio con un déficit máximo del 6% del PIB, es absolutamente imprescindible para reforzar el proceso de consolidación fiscal y apuntalar la credibilidad de España en los mercados internacionales.
La intención del Gobierno es conseguir que este proceso sea compatible con una gestión más racional de las cuentas públicas, que permita a todas las Administraciones cumplir con los compromisos adquiridos con sus proveedores de bienes y servicios. Por esa razón, el Gobierno planteó el pasado miércoles a las comunidades autónomas la activación de una nueva línea ICO, que podrá financiar, a las Comunidades que así lo soliciten, hasta el 50% del importe de la liquidación negativa del sistema de financiación en 2008 y 2009, que tienen que devolver en 2012. Esta nueva línea, que tendría una dotación máxima aproximada de 2.500 millones de euros, tiene como objetivo facilitar liquidez a los Gobiernos autonómicos para que hagan frente con la mayor diligencia a sus compromisos de pago con proveedores y se tendría que devolver al instituto de crédito en un plazo de tres años.
La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido, en definitiva, para reforzar el compromiso de las Administraciones públicas españolas con el proceso de reducción del déficit. España ya ha culminado con éxito procesos de consolidación fiscal en otras ocasiones y estamos convencidos de que la corresponsabilidad y la cooperación entre todos los niveles de la Administración son el camino más directo para cumplir con los ambiciosos objetivos que como país tenemos.
JUAN MANUEL LâPEZ CARBAJO. SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS