Análisis

Unas cuantas reformas obligadas, y otras, intencionadamente eludidas

El acervo reformista de José Luis Rodríguez Zapatero se limita a modificaciones de contenido político con altísimo voltaje ideológico y unas cuantas de extensión de derechos sociales; pero en paralelo se ha caracterizado por la pasividad en aquellas de contenido económico que reclamaban las circunstancias, sobre todo tras estallas la crisis económica.

Durante la primera legislatura, arropado por un crecimiento económico muy notable, eludió, aparentemente con buen criterio, todas aquellas normativas que pudieran torcer el curso de la actividad económica. No obstante, ya existía una corriente de demanda de reformas de unos cuantos mercados de bienes y servicios para enfriar la economía, hacer virar el modelo de crecimiento y aprovechar precisamente la bonanza para que la sociedad encajase de mejor grado los cambios. Se limitó, por tanto, a cambios de contenido político y de derechos sociales.

Ya en la segunda legislatura, que arrancó con el inicio de la recesión económica en la primavera de 2008, se resistió a las reformas económicas, muchas veces más por mantener su alianza estratégica con la UGT que por otras consideraciones, a sabiendas de que toda reforma conllevaba un recorte de los niveles de derechos y bienestar de la gente.

Pero la presión de la crisis no cejaba. Y cuando los mercados financieros comenzaron a censurar su política de gasto expansionista y cuando las autoridades políticas centroeuropeas le obligaron a cambiar de criterio, allá por mayo de 2010, puso en marcha las reformas.

Planteó una reforma del mercado de trabajo, que dejó al albur de la negociación sindicatos-patronal, y culminó con ligeras modificaciones de los pilares de la legislación, pero sin tocar los más importantes, especialmente la indemnización por despido. Por ello, a día de hoy, un año largo después de la reforma, el empleo ha seguido cayendo y no se ha recompuesto la contratación.

Una segunda reforma de la negociación colectiva, también sin acuerdo entre sus interesados, ha entrado en vigor muy recientemente, pero sigue sin romper también los anclajes que limitan las prerrogativas de los empresarios en el gobierno de las relaciones laborales.

La reforma de las pensiones ha sido la única que ha contado con el respaldo de sindicatos y patronal, aunque endurece el acceso a la prestación de jubilación, tanto en tiempo como en aportaciones. Establece, eso sí, unos periodos transitorios muy cómodos para llegar a los 67 años de jubilación, que bien deberán ser acortados para no poner en riesgo las finanzas del sistema.

Ha puesto en marcha la reforma del sistema financiero por la presión externa. Ella ha supuesto prácticamente la desaparición jurídica de las cajas de ahorros y su capitalización. No está culminada, pero está muy avanzada, y a finales de verano podría estar culminada, con casi todas las cajas convertidas en bancos, y algunas cotizando. Un triunfo para los bancos comerciales.

Hasta ahí las reformas que a su juicio había que hacer, aunque quedan en el tintero muchas otras que deberá acometer un Gobierno con más fortaleza política para poder reactivar la economía española. Serán precisas para cuadrar las cuentas públicas reformas integrales de la fiscalidad, que afecta a casi todos los impuestos; una reforma de la provisión, mecanismos de distribución y precios de la energía; una reforma de la justicia; nuevos cambios en la ley de suelo; liberalización de la distribución comercial, con horarios libres; reforma sanitaria para hacerla financiable, en la que los ciudadanos aporten más para poder recibir lo mismo; ETC.

Todas estas reformas deberían recomponer la confianza en la economía española para rebajar los costes de financiación, tanto para un gasto público creciente como para las empresas.