Una reforma en la buena dirección

El Congreso dio luz verde ayer definitivamente a la reforma de las pensiones públicas, que cuenta entre sus principales novedades con la elevación de 65 a 67 años de la edad oficial de jubilación y la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Pese a la polémica levantada en la gestación del proyecto de ley, la reforma supone un paso necesario para garantizar el futuro de las pensiones públicas, porque el envejecimiento de la población hace insostenible el sistema sin cambios, no solo en España sino en el resto de sociedades desarrolladas. No obstante, muchos expertos consideran que la reforma se queda corta porque no se han abordado aspectos importantes, como tener en cuenta toda la vida laboral de una persona. Ello hará imprescindible, según recalcan, volver a hacer retoques a medio plazo en la norma que se acaba de aprobar. Pese a todo, la ley que aprobó ayer el Parlamento cuenta con dos puntos positivos. Por un lado, se han incorporado criterios de gradualidad para que los cambios se produzcan poco a poco, en un escenario entre 2013 y 2027. Por otro lado, nace con un cierto consenso político, tras las deliberaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, al que se han incorporado también al final del proceso los agentes sociales.