Patriotas o antipatriotas
No se descubre nada si se afirma que la situación actual de nuestro país es grave. Estamos inmersos en una crisis que tiene algunas vertientes muy inquietantes: la económica, con una situación sobradamente conocida; la social, con un paro extraordinario y sin perspectivas de reducción a corto plazo; la de valores, puesta de manifiesto entre otros aspectos en nuestras escuelas, universidades y plazas públicas, y la de identidad nacional, claramente manifestada por los dirigentes de algunos partidos nacionalistas, cada día con más poder.
La presente situación coincide además con un Gobierno cuyo presidente ha dejado de facto de serlo y cuyo señalado sustituto es muy probable que no lo pueda ser. Coincide también con la necesidad imperiosa de tomar medidas urgentes y claramente impopulares en muchos campos, porque en definitiva vamos a tener que vivir peor de lo que veníamos viviendo y es evidente que el Gobierno, por su señalada debilidad, no va a tomar las medidas que una importante mayoría reconocemos como absolutamente necesarias.
Comenzando en septiembre y a lo largo de octubre, noviembre y diciembre, hay que discutir y aprobar los Presupuestos Generales de Estado, que si se quiere que sirvan para algo, y deberían de servir y mucho más en circunstancias como las actuales, tienen que ser necesariamente muy duros y exigentes. Los debería defender, si no hay elecciones antes, un Gobierno socialista en minoría, dividido, con una gran debilidad y claramente desautorizado por los ciudadanos en las últimas elecciones. Al Partido Popular, que quiere ganar las elecciones, no se le puede pedir que apoye los Presupuestos de un Gobierno en la UVI. La única alternativa para que puedan aprobarse esos Presupuestos radica en el voto de los partidos nacionalistas, catalanes y/o vascos, que si llegaran a votar a favor es evidente que su apoyo le resultaría carísimo al Estado en términos económicos y muy negativo para la continuada fragmentación del mismo que estamos contemplando a lo largo de los últimos años. Por último, esos Presupuestos serían absolutamente ineficaces para resolver los graves problemas financieros que tenemos planteados y probablemente inasumibles por Bruselas y por los mercados, que cada vez con mayor contundencia están manifestando su desconfianza hacia nuestro futuro y aumentando el riesgo de convertirnos en esclavos en lugar de socios de la UE.
Parece evidente que la pretensión del todavía presidente del Gobierno de prolongar hasta marzo este periodo agónico se basa exclusivamente en su creencia, perfectamente compatible con su optimismo antropológico, de poder mejorar sus expectativas electorales a lo largo de ese periodo, posiblemente porque espera rentabilizar, entre otras cosas, un proceso contra el terrorismo que está manejando turbiamente desde hace algunos años.
La realidad más probable es que si se posponen las elecciones hasta marzo del año 2012, el deterioro económico será mucho más importante todavía de lo que es hoy, la mejoría del empleo no se habrá producido en términos valorables, el rechazo de Bruselas a las medidas presupuestarias será evidente, el rechazo de los mercados, que incluso se puede producir mucho antes, puede encarecer nuestra deuda externa de forma dramática, la situación en el País Vasco, una vez Bildu y quizás Sortu manejen una parte de las instituciones, puede empeorar notablemente, la insumisión a las normas del Gobierno central de unas autonomías en práctica quiebra técnica puede hacer inútiles los esfuerzos de este por resolver la situación financiera y las alteraciones sociales cada vez más notorias y visibles pueden afectar seriamente al normal desarrollo de nuestra democracia y a su necesaria y razonable regeneración.
Las concesiones que el Gobierno tendrá que realizar para conseguir in extremis la aprobación de los Presupuestos serán costosísimas en todos los órdenes y de muy graves consecuencias para nuestro futuro. En definitiva, un panorama inasumible, si se considera con un mínimo de sentido patriótico y sin lugar a dudas en el PSOE hay muchos y magníficos patriotas, aunque para el presidente del Gobierno el concepto de nación sea discutido y discutible.
En resumen, no hay un solo dato positivo para España que recomiende aplazar las elecciones hasta marzo y el único sistema para hacer eficaz y real la democracia representativa son las elecciones, no las asambleas. El presidente del Gobierno corre el riesgo, retrasando las elecciones, de convulsionar el país con asambleas y manifestaciones populares y tiene la obligación de evitarlo contribuyendo, mediante una rápida convocatoria, a la creación del clima de estabilidad y esperanza necesario para iniciar el largo y difícil proceso de nuestra recuperación.
Juan Ignacio Trillo. Doctor ingeniero industrial. Miembro del Foro de la Sociedad Civil