Fitch advierte sobre un posible aumento de la morosidad por la reforma hipotecaria
La agencia de calificación Fitch afirma que la reforma aprobada a principios de mes por el Gobierno para ayudar a las familias con problemas para pagar su hipoteca aumentará la morosidad, pero no conlleva una recalificación del rating hipotecario.
El 7 de julio entró en vigor el Real Decreto con el que el Ejecutivo elevaba el límite mínimo de sueldo no embargable por el banco durante el proceso de ejecución de una hipoteca. El nuevo umbral se situó en 960 euros, una vez y media el salario mínimo interprofesional, añadiendo en el caso de las familias 193 euros más por cada miembro del hogar sin ingresos o con ingresos por debajo del salario mínimo. Además, se aumentó el precio mínimo de adjudicación en subasta de las casas embargadas cuando no aparecen postores, pasando del 50 al 60%. Todo ello siempre y cuando se trate de la primera residencia de los afectados.
Para Fitch estas medidas fomentan en cierto modo la morosidad , incentivando a que no se paguen las deudas a los bancos, especialmente por parte de aquellos con menores ingresos y quienes tienes unas deudas muy por encima del valor de sus casas. La agencia opina que ahora existen nuevos incentivos para que quienes sí pueden pagar su hipoteca lo reconsideren y se aprovechen de las nuevas medidas aprobadas. Además, añade que los préstamos más afectados serán aquellos concedidos a las familias con pocos ingresos, en las que el nuevo umbral de salario no embargable cubre una gran proporción de sus gastos.
Por otro lado, sobre el precio mínimo de adjudicación en la subasta de un inmueble embargado , "la subida del 50 al 60% significa trasladar esas pérdidas potenciales de los deudores a los bancos", según afirma Carlos Terre, director del equipo de crédito estructurado de Fitch en Madrid.
Sin embargo, pese a estas afirmaciones, Fitch asegura que no afectará de forma inmediata a la nota de solvencia de las hipotecas de nuestro país. No obstante, recuerda que debilitan la fortaleza del principio de recobro pleno de las deudas en España , es decir, la obligación del prestatario de responder con todos sus bienes personales para saldar un préstamo.