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Cambios en la cúpula de Hacienda

Carbajo sitúa a María Coronado al frente de la Inspección en la Agencia Tributaria

Los cambios en la cúpula de Hacienda se suceden poco a poco tras la salida de Carlos Ocaña de la secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. María Coronado Sierra es la nueva directora del departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, según la resolución que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

Coronado sustituye en el cargo a Juan Cano, que el pasado 8 de julio fue nombrado secretario general de Hacienda -en sustitución de Dolores Beato-, cargo que venía desempeñando desde junio de 2010. Estos cambios en los altos cargos de la Agencia Tributaria se producen después de que el que fuera director general del organismo, Juan Manuel López-Carbajo, fuera ascendido a secretario de Estado de Hacienda tras la marcha de Ocaña. El nuevo director de la Agencia Tributaria es José María Meseguer. María Coronado es una mujer de la casa. Hasta ayer era responsable de la Subdirección de Inspección Territorial en la Agencia Tributaria. Fue persona de confianza de Carlos Cervantes, director de Inspección del organismo público hasta verano de 2010.

Junto a Coronado, completa la cúpula de la Agencia Tributaria Gaspar Caballo, jefe de Gestión Tributaria; Luisa María Fernández de Velasco, jefa de Recaudación; Antonio de la Ossa, jefe de Aduanas e Impuestos Especiales, e Ignacio González, al frente del área de Informática Tributaria.

Coronado tiene ante sí en los próximos meses la ardua tarea de potenciar aún más la lucha contra el fraude, en un momento como el actual de crisis económica, en el que crece el número de personas que se instalan en la economía sumergida para poder subsistir. La lucha contra la economía sumergida, que todos los expertos la sitúan en torno al 20% del PIB, es uno de los objetivos del ministerio que dirige Elena Salgado, en un año en el que es prioritario elevar los ingresos tributarios para poder reducir el déficit fiscal del 9,3% al 6% del PIB, como se comprometió España ante Bruselas.

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