Demanda de los afectados

Los controladores responsables del cierre aéreo de diciembre declaran ante el juez

Los 16 controladores aéreos imputados por el abandono de las torres de control de los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz, que provocó el cierre del espacio aéreo los días 3 y 4 del pasado diciembre, comienzan a declarar hoy, y hasta el jueves, ante una juez de Madrid.

En la demanda, presentada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 10.000 afectados, se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los pasajeros por los daños provocados el pasado puente de la Inmaculada.

Junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra Aena, que podría superar los 10 millones de euros.

Uno de los citados a declarar es el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, Camilo Cela, que deberá acudir el martes. Este sindicato representa a más del 90% del colectivo. Cela es el único miembro de la cúpula directiva imputado en la causa, aunque en calidad de controlador aéreo.

Fuentes jurídicas citadas por Efe han destacado que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, también ha citado a otros controladores aéreos en septiembre.

La juez ha pedido documentación a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa sobre la aprobación del decreto de estado de alarma y le pidió al Ministerio de Interior que certificara los acuerdos alcanzados por el gabinete de crisis.

Pocos días después del caos aéreo, la Fiscalía de Madrid citó a algunos controladores, pero se negaron a contestar a las preguntas alegando que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deberían ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, explicó que la jurisdicción ordinaria era la competente, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados ocurrieron antes de decretarse el estado de alarma. Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció entonces que quien faltó a su puesto de trabajo en las torres y centros de control podía enfrentarse hasta a ocho años de prisión por un delito de sedición.